Tegucigalpa, Honduras.- La gestión de la expresidenta del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, se encuentra bajo la lupa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La información fue confirmada por Wagner Vallecillo, presidente de la CSJ, quien aseguró que el Poder Judicial, a través del pleno de magistrados, "ya cumplió los procedimientos correspondientes al remitir la solicitud de auditoría al ente contralor".
"Esa auditoría ya se solicitó al Tribunal Superior de Cuentas y queda bajo sus atribuciones, eso no nos corresponde a nosotros, porque ya se remitió la solicitud, que fue decisión del pleno de magistrados”, explicó el funcionario.
Hasta marzo de 2026, último período de gestión de Obando —quien actualmente integra la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo del máximo órgano de justicia— estuvo marcado por cuestionamientos relacionados a su gestión institucional en el órgano de justicia, con al menos 190 nombramientos realizados durante su administración.
Ante los cuestionamientos, la magistrada defendió que dichas decisiones durante su periodo administrativo "se apegan a la ley", y manifestó su disposición a que sean evaluadas mediante un proceso de revisión administrativa.
Posturas
Al ser consultado al respecto durante abril, el magistrado Milton Jiménez Puerto, recalcó la necesidad de contar con procesos de inspección tras el final de cada gestión en el órgano judicial.
"Lo lógico siempre es que, una vez que termina un periodo de gestión, esas auditorías deberían ser constantes y permanentes; hay oficinas de auditoría interna que a veces generan algún tipo de desconfianza, y uno no puede desconocer que eso sucede en la sociedad hondureña, que, por cierto, es una sociedad llena de desconfianza", aseveró.
Además, la magistrada Anny Ochoa manifestó que apoyaría una auditoría a la administración de Obando, y advirtió que a titulo personal no aprobará planes operativos ni presupuestos fuera del marco legal vigente.
Pese a eso, recalcó que cualquier investigación debe respetar el debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa de la expresidenta, quien podría presentar la documentación necesaria para desvirtuar las acusaciones que rondan tras su renuncia a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
