Tegucigalpa, Honduras.- Tras la cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras por parte del gobierno de Estados Unidos, miles de hondureños amparados bajo este programa tienen ahora un plazo de 60 días para regularizar su estatus migratorio o prepararse para abandonar el país, según explicó Teófilo Martínez, miembro de la Alianza Nacional TPS.
De acuerdo con el anuncio emitido este lunes 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la cancelación del TPS argumentando que Honduras ya presenta condiciones favorables para el retorno de sus nacionales, citando supuestas mejoras en seguridad y desarrollo económico.
Sin embargo, Martínez cuestionó estos argumentos, al considerar que no se realizó una investigación exhaustiva en el país centroamericano, como corresponde al debido proceso.
“Según el documento, los tepesianos tienen 60 días para hacer una transición. Eso significa que deben buscar cómo resolver su estatus migratorio en EE. UU. o regresar a Honduras. De lo contrario, quedarían en situación de indocumentados y expuestos a la deportación”, advirtió Martínez.
Durante este período de gracia, los permisos de trabajo siguen siendo válidos, al igual que otros beneficios temporales.
No obstante, Martínez aclaró que las licencias de conducir deberán renovarse en las oficinas locales correspondientes, según el estado donde resida el beneficiario.
Ante la pregunta sobre qué opciones tienen los tepesianos, Martínez fue enfático: “Solo hay dos caminos, resolver su situación legal o alistarse para volver al país. Quienes decidan quedarse sin regularización quedarían en un limbo legal”.
Martínez, quien lleva más de ocho años liderando esfuerzos con la Alianza Nacional TPS, enfatizó que ya cuentan con un plan de acción preparado, que incluye visitas al Congreso, envío de cartas, movilizaciones pacíficas y acciones legales para intentar frenar la cancelación.
Esta organización fue clave en 2017, cuando la administración Trump también intentó suspender el programa.
“Estamos preparados para lo peor. Si es bueno, lo celebramos. Si es lo peor, lo enfrentamos”, dijo.
Según cifras compartidas por la Alianza, unos 55 mil hondureños están protegidos actualmente bajo el TPS.
Sin embargo, Martínez lamentó que una gran parte no se involucra ni se organiza, lo que dificulta las luchas colectivas. “No podemos esperar a que el agua nos llegue al cuello para actuar. Esta es una pelea de todos”, afirmó.
En ese sentido, hizo un llamado a los beneficiarios a mantenerse informados, organizarse y no dejarse llevar por rumores en redes sociales.
También recomendó acercarse a organizaciones que trabajan activamente en la defensa del TPS, como la Alianza Nacional, para recibir orientación legal y conocer qué documentos presentar si su empleador pone en duda su permiso laboral.
“La cancelación del TPS no solo afecta a quienes viven aquí, también impacta directamente a miles de familias en Honduras, que dependen de las remesas enviadas por los tepesianos. Por eso también hacemos un llamado a los parientes en Honduras a apoyar e informar a sus familiares”, indicó.
Martínez también destacó el impacto económico de esta población en EE. UU. Estudios realizados señalan que los tepesianos contribuyen con unos 6.7 billones de dólares en impuestos federales y estatales, y que más del 70 % son propietarios de vivienda, mientras que el 80 % tienen pequeños negocios.
“Durante la pandemia, muchos estuvieron en la primera línea como médicos, enfermeros o transportistas”, recordó.
Finalmente, reiteró que el TPS no se defiende desde el sofá viendo noticias, sino con acciones, organización, educación y presencia activa en las calles y tribunales. “Este es un momento crucial, y cada día de estos 60 cuenta”.