Gobierno de Xiomara Castro financió con casi L3 millones al medio chavista TeleSUR
Siete pagos por pauta publicitaria a favor de TeleSUR fueron registrados en 2023 por la Secretaría de Planificación Estratégica. EL HERALDO Plus verificó 2.9 millones de lempiras en documentos oficiales
- Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 12:01
Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de la expresidenta Xiomara Castro financió con fondos públicos casi 3 millones de lempiras en pauta publicitaria a La Nueva Televisión del Sur C.A. (TeleSUR), un medio estatal venezolano, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica (SPE), según documentación oficial revisada por EL HERALDO Plus.
La investigación identificó siete pagos en 2023, todos bajo el concepto de pauta publicitaria. El primero fue por 354,446 lempiras y los seis restantes por 429,399 lempiras cada uno, para un total de 2,930,840 lempiras.
Esta unidad de investigación ubicó el rastro en el Portal Único de Transparencia, en la ficha institucional de la SPE, al cruzar dos apartados del módulo de compras: el registro de pagos y los archivos titulados “Documentación Soporte publicidad y propaganda”. Ese cruce permitió verificar mes, monto, factura y respaldo administrativo de cada desembolso.
El contraste documental mostró un patrón preciso: los pagos están asociados a servicios correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, pero las facturas y recibos fueron emitidos y firmados entre octubre y diciembre.
En términos prácticos, la pauta se reporta por meses de ejecución desde junio, mientras su formalización documental quedó concentrada al cierre del año.
Además, las facturas describen el servicio como “spot publicitario escrito y transmitido” y también consignan publicidad en la programación ordinaria del canal. Es decir, el documento refiere pauta escrita y televisiva, aunque no detalla frecuencias, horarios, programas específicos ni métricas de alcance.
Para conocer la justificación de pautar en un medio internacional, el detalle técnico de lo contratado y los criterios de selección del proveedor, esta unidad de investigación buscó la versión del exsecretario Ricardo Salgado, contactó a representantes de TeleSUR en Honduras e ingresó una solicitud de información mediante SIELHO. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Pagos antes de la inscripción local
En papel, TeleSUR aterrizó en Honduras el 4 de agosto de 2023. Así consta en los registros mercantiles revisados: no como empresa hondureña nueva, sino como sucursal de sociedad extranjera, la figura con la que opera su filial local siendo un medio estatal venezolano.
Pero la ruta del dinero arranca antes. La cronología del gasto público ubica un pago de pauta correspondiente a junio de 2023, cuando la sucursal todavía no había sido formalizada en el registro mercantil hondureño. El orden de los hechos es claro: primero aparece el pago reportado; después, la inscripción local.
La documentación también muestra un relevo en la representación legal. Primero fue designado el abogado Héctor Jossepph Matamoros Soyuela y luego la representación pasó a Felipe Samuel Banegas Lanza.
El expediente mercantil, además, deja trazado el domicilio declarado por la empresa en Honduras: residencial Las Hadas, tercera etapa, 5ta calle, entre primera y segunda avenida, bloque 1, casa 13, Comayagüela, Tegucigalpa.
Cobertura durante el período pautado
La pauta estatal no se colocó en un vacío editorial. Durante los meses facturados, TeleSUR mantuvo cobertura sobre Honduras con énfasis político e institucional en línea con la narrativa dominante del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, según revisión de su sitio web y sus redes oficiales.
En junio de 2023, el canal destacó la firma del acuerdo de cooperación con Canal 8, televisora estatal hondureña. Entre julio y noviembre, concentró parte de su agenda en la crisis del Congreso Nacional y en la disputa política interna. Ese contenido se publicó en el mismo tramo temporal en que la SPE registró los pagos de pauta.
TeleSUR nació en enero de 2005 como un proyecto estatal articulado desde el entonces Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, dirigido en ese momento por Andrés Guillermo Izarra García, cuando Hugo Rafael Chávez Frías llevaba seis años en el poder bajo un modelo autoritario.
Su creación respondió a una decisión política: construir una señal regional que contrapesara a cadenas internacionales como CNN en Español y proyectara la narrativa del bloque bolivariano.
En el ecosistema latinoamericano, TeleSUR ha funcionado como plataforma internacional de la narrativa política del chavismo y del eje bolivariano.
Un análisis de EL HERALDO sobre narrativa electoral, publicado en noviembre de 2025 -en las vísperas de las elecciones generales-, ya había identificado a TeleSUR como uno de los medios internacionales que más amplificó narrativas favorables al gobierno de Xiomara Castro y a la agenda política de su administración.
Ese análisis se elaboró sin incorporar este hallazgo documental sobre pagos. Con la evidencia disponible hoy, la lectura se vuelve más robusta: la afinidad editorial no solo coexistió con una convergencia ideológica, también ocurrió en paralelo a contratos millonarios financiados con fondos públicos.
Ese comportamiento, por sí solo, no acredita irregularidad contractual. Pero sí eleva el estándar de transparencia y rendición de cuentas cuando recursos de propaganda estatal se asignan a un medio estatal extranjero con afinidades narrativas frente al entonces gobierno de turno.
Qué se sabe y qué falta por transparentar
Lo acreditado documentalmente es concreto: la SPE registró y pagó siete pautas a TeleSUR en 2023 por 2.9 millones de lempiras.
En los registros revisados para 2024 y 2025 no aparecen nuevos pagos bajo la misma trazabilidad documental, aunque TeleSUR continuó figurando en archivos institucionales vinculados a proveedores.
También está acreditada la doble temporalidad del expediente: las facturas atribuyen servicios a junio-diciembre, mientras la emisión y firma de respaldos se concentra entre octubre y diciembre.
Tampoco se conoce la suficiente información del núcleo técnico del gasto: plan de medios, piezas contratadas, frecuencias de difusión, reportes de cumplimiento y métricas de alcance e impacto.
Por eso, el punto crítico ya no es si hubo pagos, sino qué compró exactamente el Estado con ese dinero y qué evidencia presentó para demostrar su efectividad. Mientras esa respuesta no esté documentada de forma íntegra, la rendición de cuentas seguirá incompleta.
