Tegucigalpa, Honduras.- Al abandonar la Casa Presidencial, el destino de la familia Zelaya Castro y de sus colaboradores más cercanos es incierto porque, según analistas, quedan expuestos a demandas judiciales, amenazas de extradición e incluso a un juicio político.
Con el traspaso de mando presidencial realizado ayer, Honduras cierra un capítulo de cuatro años marcado por la polarización, el nepotismo, el abuso de poder y el dominio de los Zelaya Castro, al extremo de que la entonces presidenta Xiomara Castro, a horas de dejar el poder, designó al excanciller Enrique Reina como presidente del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y a Sarahí Cerna, exministra de la Presidencia, en el directorio del Banco Central de Honduras (BCH).
Estos nombramientos causaron gran repudio entre diversos sectores sociales, quienes consideran que la consigna que pregonaba la mandataria -sobre que eran diferentes a otras administraciones- no era cierta, ya que reprodujeron muchos actos antiéticos que van contra la buena administración pública.
Tras dejar el cargo, la expresidenta se integró el martes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), quedando parcialmente protegida por la inmunidad que le otorga este ente regional, objeto de críticas por su improductividad -Costa Rica no es parte y El Salvador ya anunció su retiro-.
No obstante, la familia Zelaya Castro y sus colaboradores quedan expuestos a la persecución penal nacional e internacional.
El abogado y analista Lester Ramírez cree que Castro, además de asistir a reuniones del Parlacen, regresará a sus labores familiares, quedando en la memoria política como un símbolo por ser la primera mujer presidenta, aunque con el estigma de haber sido un “medio” y no el centro real del poder durante su gestión.
Sobre los cuestionados nombramientos realizados a última hora, Ramírez sostuvo que Castro cerró su gobierno con “broche de oro”, dejando al partido Libertad y Refundación (Libre) sin autoridad ni moral para criticar las actuaciones del Partido Nacional o del Partido Liberal.
Un camino espinoso
El retiro de la figura presidencial no significa el fin de la influencia de Manuel “Mel” Zelaya Rosales. El verdadero poder, según los expertos, se mantiene firme en las manos del expresidente, quien ahora traslada su centro de operaciones al Congreso Nacional.
La estrategia de no nombrar un jefe de bancada único en el Partido Libertad y Refundación, sino a cinco voceros, sugiere que Zelaya continuará ejerciendo un control directo sobre el legislativo, asegurando que su voz siga siendo la que dicte la pauta en la política interna del país. Este nuevo rol de “Mel” como jefe en la sombra dentro del hemiciclo plantea serios retos para la supervivencia de Libre.
Uno de los temas más espinosos que perseguirá a la familia Zelaya Castro y a su círculo cercano es la sombra de la extradición.
La decisión de la administración saliente de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, que al final desistió, es vista por analistas legales como un movimiento defensivo que no despeja dudas sobre las posibles investigaciones judiciales que podrían enfrentar miembros del entorno Zelaya Castro ahora que ya no cuentan con el escudo institucional del Ejecutivo.
De acuerdo con la abogada y exfiscal Nilia Ramos, los Zelaya Castro van a tener “que irse para su hacienda en Olancho, a no ser que decidan irse para República Dominicana, donde también tienen muchas inversiones. Definitivamente, ellos quedan bien”.
A la expresidenta, su esposo, su hijo, su cuñado y otros que la rodearon les esperan legalmente momentos difíciles, auguró Ramos. Entre esos otros mencionó al fiscal general Johel Zelaya, al consejero electoral Marlon Ochoa; al expresidente del Legislativo, Luis Redondo; y al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quienes atentaron contra la democracia y la Constitución.
Tras cuatro años, terminó la mística refundacional, y la familia Zelaya Castro, principal impulsora, se retira a una vida entre la vigilancia y el fantasma de un escrutinio judicial
