Tegucigalpa, Honduras.- Cada segundo que avanza, acerca a los hondureños a la fecha límite, donde los mantiene con seguridad y estabilidad para estar en suelo estadounidense bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este mismo lapso de tiempo se ha convertido en angustia, incertidumbre y un estrés por todo el contexto migratorio que está sucediendo en los Estados Unidos, y es que más de 55 mil hondureños corren el riesgo de perder este beneficio y ser deportados.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, ya se encuentra en Washington D. C. para estar más de cerca de la decisión que puedan tomar las autoridades norteamericanas.
"Hemos concluido las acciones para el TPS, lo único que queda es esperar, tenemos información que nos toca esperar hasta el día sábado. Por lo que nos toca seguir con la angustia y agonía de este tema", expresó Flores.
También lamentó que es duro llegar a esta situación, ya que muchas personas están confundidas, estresadas, preocupadas y con mucho miedo de lo que vaya a pasar luego del 5 de julio.
"Esperamos que la respuesta sea positiva, hemos estado trabajando desde hace muchos meses para lograr que ampliación, al menos tener una extensión mínima de seis meses", recalcó el líder migrante.
Flores, explicó que al no haberse realizado un anuncio oficial por parte del gobierno de Estados Unidos, 60 días antes del vencimiento del TPS para Honduras; es decir, el pasado 5 de mayo; la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA 244), ese anuncio previo era clave para definir si habría extensión o cancelación.
Flores dijo que, en consulta con abogados expertos en temas migratorios, se ha determinado que la ausencia del anuncio puede dar lugar a una prórroga de seis meses, aunque esto queda ahora bajo la discreción del secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., quien podría extenderlo incluso por 12 o 18 meses si así lo considera.
“Estamos esperando que se cumpla lo que dice el estatuto”, expresó.
Aunque el plazo vence este sábado 5 de julio, Flores afirmó que aún hay esperanzas de que el Departamento de Seguridad Nacional anuncie en los próximos días una extensión que dé un respiro temporal a los más de 55,000 hondureños amparados bajo este estatus.
Mientras tanto, las organizaciones en EE. UU. continúan en alerta, preparando acciones legales y estrategias de respaldo en caso de que el beneficio no sea renovado.
Extensión automática
El vicecanciller Gerardo Torres afirmó que, si el gobierno estadounidense no emite ningún anuncio oficial, el beneficio se extenderá de forma automática por seis meses, conforme a sus propias normativas internas.
“Faltan menos de 48 horas y si Estados Unidos se mantiene sin manifestarse, como lo ha hecho hasta ahora, el TPS se ampliaría hasta el 5 de diciembre”, explicó Torres.
“Se ha realizado un trabajo coordinado por la presidenta, con el canciller Reina, y ahora con el canciller Bu, manteniendo comunicación permanente con Estados Unidos”, afirmó.
El funcionario sostuvo que la presidenta, Xiomara Castro, ha encabezado múltiples esfuerzos para mantener y fortalecer los vínculos con el gobierno estadounidense en materia migratoria, destacando la reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como una muestra del buen estado de la relación bilateral.
Según Torres, estas acciones apuntan no solo a la renovación del TPS, sino también a facilitar el acceso a asilo y otros mecanismos migratorios para hondureños que no cuentan con estatus legal.
El vicecanciller recordó que el TPS tiene más de 25 años de existencia, pues fue otorgado originalmente tras el paso del huracán Mitch en 1998, y que con el paso del tiempo el número de beneficiarios ha disminuido por diversas razones, entre ellas migración hacia otros estatus legales, fallecimientos o retorno voluntario al país.
“El TPS no es una residencia, pero sí otorga derechos superiores a una visa. Permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, aunque sigue siendo una medida temporal”, explicó Torres.
A pesar de su carácter no permanente, el estatus representa estabilidad para miles de familias y una fuente de ingreso esencial a través de las remesas.
“Más allá de las divisas, para la presidenta lo más importante es el bienestar de las personas y sus familias. Proteger a quienes tienen TPS ha sido parte central de nuestra política exterior”, aseguró.
El gobierno mantiene la expectativa de que, en ausencia de un pronunciamiento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la renovación automática de seis meses se concrete en los próximos días.
De ser así, los beneficiarios deberán estar atentos a los nuevos plazos y al proceso de reinscripción que se activaría posteriormente.
Un juez federal impide que ponga fin al TPS otorgado a Haití
Un juez federal dictaminó como "ilegal" la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, de anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que supone una barrera para la Casa Blanca, que puso fin al amparo migratorio la semana pasada.
Noem modificó en febrero pasado la extensión de 18 meses para el TPS que favorece a más de medio millón de haitianos otorgado por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que culminaba el 3 febrero de 2026.
La secretaria redujo el beneficio a doce meses e impuso como fecha de vencimiento el 3 de agosto de 2025, lo que le permitió anunciar el fin de la protección el viernes pasado.
Pero este martes el juez Brian Cogan dijo en su fallo que Noem “no tiene autoridad legal” para “anular parcialmente” la designación de TPS de un país.
El juez indicó que decenas de miles de haitianos han llegado a depender del TPS, que les otorga permiso de trabajo y los protege de la deportación, por lo que retirar el beneficio antes de esa fecha (febrero de 2026) “representa un perjuicio significativo” que el tribunal tiene la facultad de corregir.
El fallo de Cogan, designado por el expresidente George W. Bush (2001-2009) para el distrito de Nueva York, regresa la esperanza para miles de inmigrantes haitianos protegidos por el amparo migratorio, que el viernes pasado recibieron un duro golpe cuando Noem anunció su final.
El Ejecutivo había dado un plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre para aplicar a otro beneficio migratorio o autodeportarse.
La decisión en la demanda presentada por nueve haitianos afectados favorecería a otros inmigrantes de ese país protegidos por el TPS, según dijo el juez Cogan citando su facultad de detener las acciones de las agencias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La interpretación llega después de que la Corte Suprema se pronunciara la semana pasada en contra de los mandatos judiciales universales que protegen con su fallo a otros afectados, más allá de los demandantes originales.
En el caso de Haití, cerca de 521.000 ciudadanos de ese país estaban protegidos por el amparo, después de que el Gobierno Biden ampliara en julio de 2024 el beneficio hasta 2026.
Haití ha sido designado para el TPS varias veces debido a diversas crisis, incluido el devastador terremoto de 2010 y la inestabilidad actual.
