Tegucigalpa, Honduras.- Con una deuda estatal que oscila los mil millones de lempiras, autoridades del Poder Judicial aseguraron que enfrentan restricciones financieras que dificultan la ejecución de proyectos, contratación de personal y la mejora de servicios judiciales a nivel nacional.
Hasta abril, datos de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Poder Judicial reflejaban que la deuda neta del Estado al ente de justicia ascendía a 1,103 millones de lempiras, correspondientes a los primeros meses de 2026.
Ante este panorama, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, explicó a EL HERALDO que la falta de los pagos estatales obliga a postergar diversas iniciativas dentro del máximo órgano de justicia del país.
"Hay una deuda Estatal que todavía se mantiene entre 800 y 1,000 millones de lempiras con el Poder Judicial, esto implica que algunos proyectos no puedan ejecutarse que no se amplíe la contratación de personal y que no se pueda brindar el mejor servicio a la ciudadanía", señaló el funcionario.
Díaz enfatizó en que la transferencia de estos fondos es fundamental para fortalecer distintas dependencias judiciales y atender necesidades identificadas en juzgados y tribunales a nivel nacional.
"Es importante recibir estos recursos para desarrollar todas las actividades que nos corresponden como Poder Judicial, porque la ciudadanía resulta afectada si no contamos con los recursos suficientes para atenderla", apuntó.
Proyectos
Por su parte, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que las restricciones financieras actuales también están vinculadas a compromisos pendientes de años anteriores, los cuales continúan ejerciendo presión sobre las finanzas institucionales.
Duarte enfatizó en que la deuda reduce la capacidad de inversión en áreas estratégicas como logística, tecnología e infraestructura, consideradas fundamentales para mejorar la eficiencia y modernización del sistema judicial.
"Una parte significativa del presupuesto institucional es destinado al pago de salarios y obligaciones laborales, por lo que la ejecución de nuevos proyectos depende en gran medida de que las transferencias presupuestarias se realicen en tiempo y forma", explicó.
El portavoz señaló que tras la aprobación del Presupuesto General de la República, el pago de los montos pendientes al Poder Judicial se redujeron ya que se está trabajando de manera cercana con la Secretaría de Finanzas.
Además, aclaró que durante este 2026, el presupuesto asignado al Poder Judicial es de 4,396 millones de lempiras, correspondientes a un 3% del total del Presupuesto General de la República que es de 444,335 millones de lempiras.
