Tegucigalpa, Honduras.- El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dejar sin valor ni efecto el Memorando No. 02-2026, relacionado con criterios institucionales sobre identidad de género, en una decisión que marca un giro dentro del Poder Judicial.
La determinación fue adoptada este miércoles -10 de junio- y comunicada mediante un nuevo pronunciamiento oficial dirigido a juezas, jueces y dependencias vinculadas a la administración de justicia penal.
El documento también fue remitido a unidades técnicas como estadística judicial, género y observatorios institucionales, que habían sido incorporadas en el alcance del memorando ahora suspendido.
Revisión interna del documento
Según la información oficial, la medida no implica una decisión definitiva sobre el contenido, sino una suspensión temporal mientras el Pleno de magistrados analiza su alcance y posibles implicaciones jurídicas.
La Corte Suprema explicó que toda actuación dentro del sistema de justicia debe regirse por los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial.
En ese sentido, el máximo tribunal subrayó que cualquier lineamiento institucional debe mantenerse dentro del marco constitucional vigente, lo que motivó la revisión del documento.
Contexto institucional
La resolución surge en medio de un debate interno que había comenzado a generar diversas interpretaciones sobre la aplicación del memorando en el trabajo judicial diario.
Fuentes institucionales señalaron que la decisión busca ordenar el análisis técnico y jurídico antes de establecer criterios definitivos sobre la materia.
Durante este periodo, el documento quedará sin efectos prácticos hasta que el Pleno adopte una resolución final que determine su continuidad, modificación o derogación.
La CSJ reiteró además su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley, principios que, según indicó, guían toda actuación del sistema judicial.
Asimismo, el órgano judicial aseguró que cualquier disposición futura deberá ajustarse estrictamente al ordenamiento jurídico nacional y a las competencias establecidas por la Constitución.
El caso ha generado atención dentro del ámbito jurídico debido a que el memorando había sido objeto de discusión en distintos espacios institucionales en los últimos días.
Con esta decisión, la Corte abre un periodo de revisión interna en el que se evaluarán criterios técnicos, legales y administrativos antes de emitir una postura definitiva.
