El gobierno mantiene en firme la puesta en marcha del ambicioso y controversial proyecto de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas también como ciudades modelo.
Y es que el Poder Ejecutivo continúa dialogando con inversionistas interesados en el proyecto que analiza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras un recurso de inconstitucionalidad presentado en contra del mismo, el cual, a criterio del Ministerio Público (MP), violenta la Constitución.
Las ciudades modelo son definidas como regiones administrativas especiales que poseen altos grados de autonomía con las cuales se pretende atraer inversión y generar empleo en zonas específicas del territorio, en donde se teme el surgimiento de un Estado o gobierno paralelo.
Según Octavio Sánchez, jefe del Staff Presidencial, aunque aún la Corte no emite un fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de las ciudades modelo, el gobierno continúa trabajando con inversionistas que están a la espera de una resolución favorable para comenzar a suscribir contratos de inversión y poner en marcha el proyecto.
Sánchez sostuvo que solo en Honduras el sector de la maquila tiene listos alrededor de 1,000 millones de dólares (19,000 millones de lempiras) para realizar inversiones a través de las Regiones Especiales de Desarrollo.
“Si la Corte lo declara inconstitucional el proyecto queda en cero, pero si la Corte no lo declara inconstitucional están los inversionistas listos para finalizar las negociaciones con el gobierno... Hay inversionistas, siempre los ha habido, este es un proceso. Aquí en Honduras los maquiladores ya tienen listo para hacer inversiones por cerca de 1,000 millones de dólares y fuera de Honduras hay diferentes grupos y son diferentes montos”, dijo Sánchez a EL HERALDO.
En un estudio no vinculante, el Ministerio Público dictaminó recientemente que las ciudades modelo son inconstitucionales porque atentan contra la forma de gobierno y la soberanía nacional.
La Corte aún no emite su fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra de las también denominadas “charter cities”.
