El gobierno aseguró ayer que ya trabaja en un estudio encaminado a detectar a todos aquellos trabajadores que realizan funciones repetidas en la administración del Estado de Honduras.
Julio Raudales, ministro de Planificación, dijo que en un mes se tendrán los primeros resultados sobre una serie de evaluaciones que se vienen realizando en el sector público en cumplimiento al denominado Gran Acuerdo Nacional, suscrito entre el gobierno y varios sectores de la sociedad.
EL HERALDO puso ayer en evidencia la existencia de varias instituciones de gobierno en donde se diluyen millones de lempiras del presupuesto en pago de salarios a trabajadores que realizan las mismas funciones.
En temas como de derechos humanos, habiendo un Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la administración de Porfirio Lobo creó una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y también una subsecretaría de Derechos Humanos al interior de la Secretaría de Seguridad.
En el tema de la niñez y la familia, el gobierno asigna cada año millonarias cantidades de recursos a instituciones que cumplen funciones similares como el caso del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), el Instituto Nacional de la Mujer (Inam) y el Instituto de la Juventud.
“El Gran Acuerdo Nacional establece hacer una revisión de la institucionalidad para ubicar duplicidades y para tomar las medidas necesarias de modo que exista mayor eficiencia en el gobierno, esto es con menor gasto podemos hacer mejor trabajo. Esto es lo que estamos haciendo y en un mes tendremos los primeros resultados”, afirmó el titular de Planificación.
“Se trata de revisar primero cuáles son las tareas que están realizando todas las instituciones, esta no es una labor que se hace de un día para otro, tenemos que asegurarnos que las instituciones que tienen similares tareas o instituciones que tienen oficinas que están cumpliendo tareas similares en distintos lugares puedan ser revisados”, subrayó.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de empleados de la administración pública central y descentralizada ya alcanza los 205,982 a nivel nacional, de los cuales una gran cantidad cumplen funciones repetidas en detrimento del presupuesto del Estado y del propio bolsillo de los hondureños.
Para el exdirector de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Jorge Yescas, el gobierno debe tomar “medidas con urgencia, es decir, una nueva ley de servicio civil que le dé estabilidad al funcionario público, buenos ingresos y especialización”.
“El problema del gobierno es el clientelismo político, no se atreve a sacar gente de la administración pública porque son sus clientes políticos y hay falta de dinero para pagar las prestaciones a la gente que deben destituir”, apuntó Yescas.
