Tegucigalpa, Honduras.- Los diferentes sectores sociales esperan que, una vez instalada la Junta Directiva en propiedad, los diputados retomen de inmediato la discusión y aprobación de la agenda ya consensuada, donde no figura de manera clara la traída de una misión internacional contra la corrupción, señalaron expertos.
Igualmente, confían que quede atrás la desastrosa administración del expresidente Legislativo, Luis Redondo, que llevó al hemiciclo a una parálisis de cuatro años, cuando lo que menos hicieron los diputados fue trabajar, pero sí devengaron puntualmente sus salarios, viáticos y subvenciones para hacer campaña política en sus departamentos.
Analistas consultados ven como positivo la instalación de la Junta Directiva, tanto de forma provisional como en propiedad, donde se espera que se ratifique a Tomás Zambrano como presidente.
Consideran estas acciones como los primeros pasos del nuevo parlamento hacia la gobernabilidad. Igualmente valoran que haya una agenda acordad a discutir, pero lamentan que en ella no se plantee con claridad la llegada de una comisión antimafias.
El abogado y analista German Licona es del criterio que “con este primer paso que hicieron las fuerzas políticas del país empezaron con pie derecho. Vimos un ministro de gobernación (Tomás Vaquero) muy solvente, dándoles tiempo para que hicieran las negociaciones o arreglos. Ahora esperamos el nombramiento de la Junta Directiva en propiedad y que comiencen a trabajar”.
Tras los acuerdos, la gobernanza en el Congreso permitirá que se apliquen las reformas a la Ley Electoral, sobre todo la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas y de otros vacíos e inconsistencias en relación a la participación de los autores políticos en el seno del Consejo Nacional Electoral, donde sus ausencias generaron toda una incertidumbre.
Además, tiene que blindarse el valor del voto, ya que "es un total irrespeto que el pueblo le dé la espalda a un candidato y luego el partido lo coloque en el puesto de alguien que ha sido electo legalmente", explicó el profesional del derecho.
Licona demandó de las nuevas autoridades no continuar con los temas oscuros de corrupción como ocurrió en el pasado, además exige gobernanza y legislación, no solo en el aspecto de las reformas electorales y de la Ley Orgánica del Legislativo, sino también con modificaciones en la Ley de las Fuerzas Armadas para que no se repitan los excesos que cometió el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
Cuestionó que ni los nacionalistas ni los liberales hablen de la llegada de una una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) “y cuando se les pregunta sobre ello, hablan de que van a evaluar cuál ha sido el resultado en otros países. O sea, que no nos están garantizando por un lado tener un mecanismo anticorrupción internacional".
Igualmente, Licona plantea una reforma en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicial y del fiscal general, la cual debe convertirse de una elección de segundo grado a una de primer grado para que “el pueblo pueda votar seleccionando de un grupo de profesionales íntegros a los próximos magistrados y a los fiscales”.
El analista también demandó que el nuevo Congreso Nacional revise lo referente a la Tasa de Seguridad, ya que se ha convertido en un foco de corrupción y excesiva discrecionalidad en su manejo, afectando la lucha contra la delincuencia y el crimen, su objetivo primordial.
Necesidades de Honduras
Entre tanto, para el dirigente obrero, Daniel Durón, Honduras necesita respuestas; ya no es el proceso electoral porque la gente votó por su libertad, por la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y su situación extrema de pobreza. "Cada vez las oportunidades se agotan".
Los políticos, en este caso los congresistas, tienen que hacer demostraciones importantes para que la gente sienta que su esfuerzo y derecho de ir a votar realmente se devuelve en resultados. "Lo que no ha sucedido por muchísimos años", reflexionó el dirigente obrero.
También “hay que recordar de que el patrón electoral llegó al 50%, todavía tenemos niveles de extensión importantes y los políticos, los partidos tienen muy poco tiempo para demostrar que estos procesos todavía sirven, que no se está agotando como se percibe en este momento”.
Adicional a las modificaciones en la Ley Electoral, Honduras necesita reformas estructurales, mecanismos que puedan implementarse por leyes de aplicación pública para mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza en Honduras. Además, actualmente son necesarias políticas de empleo y que sirvan al trabajador sin dañar sus derechos laborales contemplados en el Código del Trabajo, exigió.
De acuerdo con Durón, Honduras urge también de mesas de crisis para que, entre todos los sectores, "podamos avanzar y que no solo sea la parte política que decida lo que se va a hacer socialmente".
En las reuniones antes de la sesión preparatoria, las comisiones del partido Liberal y Nacional, mayoría en el pleno, acordaron una gobernanza que permita la aprobación de los decretos que generen desarrollo y prosperidad para el país, reveló Zambrano.
Pactaron una agenda legislativa que tiene como base reformas constitucionales y legales, como la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, así como reformas al sistema de justicia, seguridad y defensa del Estado.
También determinaron acciones en materia de transparencia y anticorrupción, igual en el fortalecimiento del sistema de descentralización en las corporaciones municipales, incentivos a la inversión nacional y extranjera bajo reglas claras y estables para la promoción de la misma, generación del empleo digno y seguridad jurídica.
Para Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la instalación de la sesión preparatoria en el legislativo es positiva, llena de mucha esperanza e ilusión a toda la ciudadanía hondureña que confía en resultados diferentes.
Recordó que la instalación estuvo precedida de acuerdos de carácter político entre el Partido Liberal y el Partido Nacional con la manifestación del partido Libertad y Refundación (Libre) que dijo que se iba a abstener de dar el apoyo a cualquier propuesta que viniera de parte de estos dos partidos.
“Los acuerdos alcanzados, los que han dado a conocer y que esperamos que se cumplan nos parecen que son correctos; una nueva Ley Orgánica que permita justamente contar con un poder del Estado en donde los 128 diputados sean respetados. El tema de no utilizar como estrategia figuras que aparecen dentro de la Constitución como la Comisión Permanente es correcto”, detalló.
Solórzano espera que todas las reformas acordadas se cumplan, comenzando por una nueva Ley Electoral en la que se contemple la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, el respeto de la voluntad popular de los hondureños, la representatividad que se ejerce, reglas claras, la participación de la sociedad civil en estos procesos y que los mismos no queden bajo la administración exclusiva de los partidos políticos, lo que —según señaló— ha generado múltiples problemas.
“La famosa segunda vuelta es una demanda de la ciudadanía ahora que ya no hay un bipartidismo, sino que existen tres fuerzas políticas que están ahí, que representan el sentimiento de la ciudadanía hondureña”.
Asimismo, se refirió al tema de que los diputados no continúen administrando recursos del pueblo hondureño, ya que su función es legislar.
El tema de la lucha frontal contra la corrupción, con la instalación de un mecanismo específico para combatirla, es importante y debe incorporarse. Tiene que trabajarse en todo el tema del combate a la corrupción y que pueda venir un mecanismo que ayude a los poderes Ejecutivo y Legislativo a enfrentar ese flagelo, agregó Solórzano.
Asimismo, “hemos creado mucha desconfianza y necesitamos ir transformando eso y mejores oportunidades para combatir la corrupción. El Legislativo, más que reforma, lo que necesita tener es claridad y planificación de acuerdo a los intereses del país”, analizó.
El presidente del CAH es del criterio que el Congreso Nacional debe tener una agenda clara en los temas económicos, sociales. La principal demanda de los hondureños es la falta de empleo y, ante ello, es necesario crear oportunidades de trabajo. Si bien el empleo no se genera por decreto, existen leyes que pueden servir como herramientas para la facilitación y la atracción de inversiones.
Otro tema es todo lo relacionado con el ámbito social, que ha sido relegado, como la Ley Marco del Sistema de Protección Social, orientada a mejorar las condiciones de bienestar de los ciudadanos hondureños ante situaciones de contingencia. Esa es también una prioridad ineludible, expresó.
En relación con la aprobación de una ley de justicia tributaria, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) manifestó que en ese aspecto deben realizarse reformas, pero de conformidad con los estándares internacionales de la fiscalidad, a los que Honduras debe sujetarse para no figurar en listas negras. “Esta vez tenemos la esperanza de que puedan hacer las cosas diferentes”, sostuvo Solórzano.
