Tegucigalpa, Honduras.- El despido de cerca de 2,000 personas que laboraban bajo el régimen de Servicio Civil en los centros educativos se debió a una reestructuración de personal, señaló este lunes la ministra de Educación, Arely Argueta.
La funcionaria defendió la decisión al asegurar que la misma responde a un proceso de reorganización institucional ante limitaciones presupuestarias del Estado.
"Nosotros estamos haciendo un reordenamiento de personal. Tenemos exceso de personal y las arcas del Estado están muy comprometidas", afirmó Argueta.
El despido del personal como aseadoras, guardias y conserjes de los centros educativos a nivel nacional provocó que en varios centros los docentes y padres de familia protestaran.
Tras el despido, diversos sectores políticos y sindicales señalaron que las desvinculaciones superan las 2,000 plazas y que estarían afectando, en su mayoría, a empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) que fueron contratados en la administración anterior.
Sin embargo, Argueta no se refirió directamente a los señalamientos de sesgo político y reiteró que la medida obedece a criterios administrativos y financieros dentro de la institución.
Por su parte, el presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), Yuri Hernández, cuestionó la forma en que se han ejecutado los despidos y advirtió sobre el impacto que tendrán en el sistema educativo.
El dirigente magisterial aseguró que los despidos están afectando a trabajadores que cumplen funciones esenciales en los centros educativos, especialmente en el nivel prebásico.
"Son compañeros que cuidan a los niños: los porteros, los guardianes, los conserjes y el personal administrativo. Todos ellos están bajo la normativa de Servicio Civil y hoy están siendo despedidos", lamentó.
Hernández también criticó que las autoridades no hayan consultado ni establecido mecanismos de transición para los empleados con años de servicio, algunos de los cuales estaban próximos a jubilarse.
Asimismo, advirtió que los despidos masivos podrían derivar en conflictos sociales mayores si no se abre un espacio de diálogo entre las autoridades y los sectores afectados.
