San Pedro Sula, Cortés.- El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 28 de octubre que apelará la resolución judicial que favoreció con sobreseimiento definitivo a tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Los policías beneficiados con la decisión judicial son Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayin Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista, quienes enfrentaban un proceso penal tras ser señalados por su presunta vinculación con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
La resolución fue emitida por el juez Marco Antonio Velasco Mejía del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, quien ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas a los tres imputados y proceder con su inmediata libertad. Por esta decisión, Velasco Mejía será investigado por la Supervisión de Tribunales del Poder Judicial de Honduras.
Asimismo, la decisión judicial favoreció a Rodríguez Fuentes por el supuesto delito de tenencia ilegal de municiones prohibidas, en perjuicio del orden público.
¿Cómo comenzó el caso?
El proceso se originó tras un allanamiento ejecutado el 19 de octubre de 2026 en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula, Cortés, donde las autoridades investigaban el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas.
Durante el operativo, los equipos investigadores reportaron el decomiso de 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y diversas cantidades de una sustancia que se presume era crack.
Además, las autoridades encontraron municiones de diferentes calibres, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales pertenecientes a estructuras policiales anteriores, elementos que fueron incorporados a las diligencias investigativas.
A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó un requerimiento fiscal contra los tres agentes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado y atribuyó a uno de ellos la supuesta tenencia ilegal de municiones prohibidas.
El Ministerio Público busca revertir la resolución
La apelación anunciada por el ente acusador busca impugnar la decisión judicial que puso fin al proceso penal contra los tres policías en esta causa, por lo que el caso podría continuar su trámite ante las instancias correspondientes.
#MPInforma ⚖️ El Ministerio Público apelará el sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres agentes de la DAET.A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula, el Ministerio Público un recurso de apelación para que una instancia superior revise la resolución del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.Los agentes habían sido imputados por tráfico de drogas agravado y, en uno de los casos, también por tenencia de munición prohibida.📌 La Fiscalía sostiene que el allanamiento fue autorizado por un juez competente y que el ingreso al inmueble se realizó dentro del horario permitido por la ley. Por ello, solicitamos que se examinen los fundamentos jurídicos de la nulidad declarada y la decisión de excluir la evidencia.📂 En la audiencia inicial se presentaron 24 medios de prueba y tres testigos, producto de las investigaciones desarrolladas junto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), incluidos los dictámenes periciales a la droga decomisada.#TrabajandoParaElPueblo #ElNuevoMinisterioPúblico
— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 28, 2026
En cambio, un sobreseimiento definitivo implica el cierre del proceso penal en los términos establecidos por la resolución judicial, mientras que la apelación constituye un recurso para solicitar la revisión de esa determinación conforme a los procedimientos legales.
La decisión se produce en un caso que ha generado atención debido a que los señalados pertenecían a la DAET, una unidad policial encargada de combatir la extorsión y las asociaciones terroristas en Honduras.
