Tegucigalpa, Honduras.- La crisis sanitaria en Honduras ha alcanzado un punto de ebullición en plena Semana Santa. Lo que comenzó como una protesta aislada se ha transformado en una paralización nacional que ya suma varias semanas consecutivas, protagonizada por galenos que denuncian una vulneración sistemática a sus derechos laborales.
Entre pasillos hospitalarios semivacíos y pancartas de protesta, el gremio médico advierte que, de no existir una salida negociada con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), las medidas de presión se intensificarán en todo el territorio hondureño.
La problemática tiene dos aristas críticas: la mora salarial que arrastra el Estado y una ola de despidos que los afectados califican de "humillantes".
Médicos bajo la modalidad de interinato y descentralizados reportan que no han percibido remuneración alguna desde que inició el año 2026, enfrentando tres meses de asfixia económica mientras continúan cumpliendo sus guardias en la red hospitalaria pública.
"Los médicos en modalidad de interinato descentralizados tenemos tres meses adeudados. Desde enero hasta la fecha no se nos ha cancelado ningún salario", denunció la doctora Isis Rivera, representante de los médicos en interinato, al describir la precariedad en la que subsisten más de 400 colegas.
La indignación del gremio no solo radica en la falta de fondos, sino en la forma en que están realizando despidos laborales.
Según los manifestantes, la actual administración ha optado por métodos informales para notificar cesantías, utilizando mensajes de texto y llamadas telefónicas para informar a profesionales de la salud que sus servicios ya no son requeridos, ignorando los procedimientos administrativos que dicta la ley.
Para la doctora Rivera, estas acciones son "completamente ilegales y arbitrarias", especialmente cuando se pretende descalificar la validez de las plazas de interinato.
La profesional aseguró que cada médico en esta condición pasó por filtros de selección y procesos administrativos debidamente documentados, contradiciendo las versiones oficiales que tildan de estructuras de inexistentes o carentes de asidero legal.
"Los despidos injustificados de manera arbitraria e ilegales, completamente ilegales a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp, en el cual solamente se notifica con un mensaje que a partir del 27 de marzo había cese de labores", lamentó Rivera.
Orden
Desde la parte gubernamental, la narrativa es distinta. El viceministro de Salud, José Castillo, sostuvo que la crisis actual es heredada de una "irresponsabilidad administrativa" de la gestión anterior.
Según el funcionario, el 26 de enero se detectaron nombramientos masivos de aproximadamente 1,200 personas que no contaban con una estructura presupuestaria real ni habían pasado por los concursos que exige el Servicio Civil.
Castillo enfatizó que la actual administración no puede "legalizar lo ilegal", argumentando que muchos de estos médicos se presentaron a trabajar bajo promesas verbales sin tener un contrato firmado con el Estado.
Para el viceministro, se trata de un ordenamiento necesario para evitar reparos legales futuros por pagar salarios sin el sustento administrativo correspondiente.
"No podemos legalizar un acto que no estuvo legal desde un inicio. Simplemente es ordenar la parte administrativa del gobierno. No podemos seguir generando trabajo de forma incorrecta", sentenció el viceministro de Salud, José Castillo.
Para aplacar el malestar, Salud anunció un "pago de buena fe" que se haría efectivo este lunes a través de la Tesorería General. Este desembolso pretende reconocer el trabajo realizado por el personal de interinato desde enero hasta el 27 de marzo, fecha en la que, según el Gobierno, finaliza cualquier relación laboral con este grupo para dar paso a nuevos procesos de contratación que sí cumplan con la ley.
Sin embargo, el conflicto también alcanza al personal por contrato que sí fue renovado. De este grupo, conformado por 2,276 empleados asistenciales, se informó que ya se cancelaron los meses de febrero y marzo, pero el salario de enero sigue pendiente debido a retrasos en la aprobación del Presupuesto General.
Esta fragmentación de los pagos solo ha servido para alimentar la desconfianza entre el personal sanitario, mientras las autoridades aseguran que los hospitales regionales están evaluando sus necesidades para iniciar nuevos procesos de contratación "desde cero".
Aunque las áreas de emergencia y cuidados críticos siguen operativas por compromiso ético, la consulta externa y las cirugías selectivas se encuentran paralizadas en gran parte del país.
La falta de un acuerdo definitivo amenaza con extender la crisis más allá de la Semana Santa. Si el lunes los depósitos no se reflejan en las cuentas de los médicos o si las notificaciones de cese de labores persisten, el Colegio Médico de Honduras advirtió que las asambleas informativas podrían transformarse en un paro total de labores, dejando a miles de hondureños sin acceso a la salud pública en un momento de alta demanda estacional.
