Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales se pronunció este domingo 22 de marzo a través de sus redes sociales ante la posibilidad de un juicio político en el país.
En su mensaje acusó directamente al Partido Nacional de intentar condenar a Marlon Ochoa, "único testigo presencial del fraude del TREP", y de consolidar un "control absoluto" del sistema electoral, mediante reformas y persecuciones políticas.
Según el exmandatario, la próxima semana, ciertos sectores del PN, apoyados por algunos liberales, buscarán condenar a quien denunció las presuntas irregularidades durante las pasadas elecciones generales de 2025.
"El pueblo es testigo de que hay un consejero que luchó valientemente para publicar los audios, originales y auténticos, que anunciaban una conspiración para robarse las elecciones en Honduras".
El exmandatario refirió que dichas acciones forman parte de un plan para ocultar un fraude y que también evidencian la injerencia de Estados Unidos en los procesos internos del país.
Por otra parte, Manuel Zelaya remarcó que en 2017, durante el gobierno de Donald Trump, hubo intervención directa de la encargada de negocios, Heide Fulton, en asuntos electorales, lo cual, según él, sigue vigente en la actualidad.
La preocupación del oficialismo se extiende más allá del CNE, debido a que la plataforma Defensores de Honduras ha señalado nombres que estarían en la mira del proceso: Johel Zelaya, fiscal general; Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Zelaya sostiene que demandar estas cabezas es un abuso que la ciudadanía no olvidará.
De ejecutarse estas destituciones, Zelaya advirtió que el partido Libertad y Refundación (Libre) y el propio Partido Liberal perderían la fuerza que hoy mantienen en los organismos electorales.
"El golpismo se prepara para 2029, y nosotros también debemos prepararnos", sentenció, haciendo un llamado a los diputados demócratas a considerar cualquier iniciativa de este tipo como una "declaración de guerra".
Por su parte, el marco legal que rige estas acciones es la Ley Especial de Juicio Político, aprobada en 2013. Esta normativa permite al Legislativo investigar y sancionar a altos funcionarios por actos contrarios a la Constitución o negligencia en sus cargos, mediante una comisión especial de nueve miembros que debe presentar un informe técnico ante el pleno.
La ley es clara en cuanto a los requisitos de votación: se requiere una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 86 votos, para proceder con la destitución de funcionarios como el fiscal general o los magistrados. Esta barrera numérica es, hasta ahora, el principal obstáculo para las facciones que impulsan la medida, ante la falta de consensos definitivos en el Congreso.
Mientras sectores como la plataforma Defensores por la Democracia recolectan firmas para exigir que se rinda cuentas, Zelaya insiste en que el enjuiciamiento de Marlon Ochoa conlleva riesgos reales, incluso para su integridad física.
"La abrupta destitución de Marlon Ochoa, su enjuiciamiento y la posibilidad real de una captura con los riesgos que ello implica, incluso para su vida dentro de la cárcel", alertó el exmandatario sobre el futuro del consejero.
De momento, el Congreso se encuentra en la disyuntiva de estrenar una ley que ha permanecido dormida.
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