Tegucigalpa, Honduras.- El ambiente en el Congreso Nacional ha alcanzado un punto de ebullición. Mientras la ciudadanía y sectores como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y los Defensores de Honduras exigen de forma vehemente la cabeza de altos funcionarios, la junta directiva del Legislativo se mantiene abierta a este proceso y la disputa está en alcanzar los 86 votos.
El debate ya no es si el juicio político es necesario, sino cuándo se romperá el dique de contención política en el hemiciclo. La expectativa pública se centra en la limpieza de los cuadros del Estado, específicamente en el Ministerio Público (MP), parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde los cuestionamientos por falta de resultados y parcialidad han encendido la chispa de la indignación social.
Pese a que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, asegura que hasta el momento no se han presentado iniciativas formales, el "runrún" en los pasillos del Legislativo confirma que las bancadas están bajo una observación minuciosa por parte de sus electores, quienes demandan acciones contundentes y no más dilaciones.
“El pueblo hondureño tiene que estar claro que este es un Congreso responsable; no podemos actuar solo por impulso, debemos ser respetuosos de la Constitución”, afirmó Ledezma.
Sin embargo, para los sectores que impulsan el juicio político, la "responsabilidad" de la que habla el Legislativo es interpretada como una táctica de dilación.
La figura del juicio político, aunque compleja por la barrera de los 86 votos, se ha convertido en el estandarte de una población que ya no tolera la impunidad en las altas esferas del poder.
Ledezma fue enfático en recordar que el camino hacia la destitución es empinado: se requieren 86 votos para admitir la moción, 86 para investigar y 86 para ejecutar la salida del funcionario.
Esta "supermayoría" es hoy el único escudo que protege a los señalados, una sociedad civil que empujan para que el Congreso deje de ser un espectador.
La falta de una presentación formal de proyectos no ha disminuido la expectativa; al contrario, ha aumentado la vigilancia sobre cada diputado.
“Mientras no se presenten las iniciativas no podemos especular, pero debemos ser responsables”, sentenció Ledezma, dejando en el aire la duda de cuánto tiempo más podrá el Congreso resistir la presión de una sociedad que exige el uso de esta facultad constitucional para sanear el Estado.
