¿Qué es juicio político y por qué está causando revuelo en Honduras?
El debate sobre la aplicación del juicio político se intensifica en Honduras ante crecientes presiones para investigar a altos funcionarios
- Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 12:39
El juicio político vuelve al centro del debate nacional en Honduras, impulsado por presiones políticas y demandas ciudadanas que exigen rendición de cuentas. La figura, nunca antes aplicada, podría marcar un precedente en la historia institucional del país.
Se trata de un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso Nacional (CN) investiga y puede destituir a altos funcionarios por mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus cargos.
A diferencia de un juicio común, este proceso no busca imponer penas de cárcel, sino remover del cargo a quienes incumplen sus funciones. En algunos casos, también contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El tema ha cobrado fuerza desde la llegada al poder de Nasry Asfura, cuando distintos sectores comenzaron a exigir acciones contra figuras clave del Estado. Las demandas se han intensificado en las últimas semanas.
Entre los candidatos a un posible juicio político se encuentra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, cuestionado por decisiones relacionadas con el ámbito electoral y por denuncias que realizó en el marco de las elecciones generales, las cuales, según algunos actores políticos, buscaban desestabilizar la democracia. También figura el fiscal general, Johel Zelaya, bajo críticas de sectores opositores.
A la lista se suma el expresidente del Legislativo, Luis Redondo, quien ha sido objeto de señalamientos por su gestión al frente del Congreso.
En medio de este escenario, el actual titular del Congreso, Tomás Zambrano, afirmó que el país podría estar ante un momento histórico si se activa esta herramienta. Sus declaraciones han avivado el debate público.
Zambrano recordó que el juicio político fue incorporado a la legislación en 2013, pero nunca se ha aplicado. Esta inactividad por más de una década genera dudas sobre su viabilidad real.
El presidente del Legislativo también advirtió que el proceso no será inmediato, ya que requiere amplios consensos políticos. Para su aprobación, se necesitan al menos 86 votos dentro del hemiciclo.
Mientras tanto, organizaciones civiles y sectores ciudadanos continúan presionando para que se actúe.