Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional conoció esta semana una propuesta legislativa orientada a descentralizar la recaudación por multas viales para transferir una fracción a las alcaldías con el propósito de reforzar la prevención de accidentes en los municipios del país.
La iniciativa de ley busca asignar de forma directa a los gobiernos locales el 12% de los fondos efectivamente recaudados por concepto de multas de tránsito dentro de sus jurisdicciones territoriales.
El proyecto propone una reforma sustancial a los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Tránsito, además de la adición del artículo 15-A a dicha normativa marco.
La motivación central del proyecto responde al alarmante incremento de siniestros viales a nivel nacional, los cuales se posicionan como la segunda causa de muerte violenta en el territorio hondureño.
En lo que va del año 2026, las estadísticas oficiales registran más de 15,000 accidentes de tránsito que han cobrado la vida de más de 1,500 ciudadanos y dejado a miles de personas lesionadas.
Ante este escenario de alta siniestralidad, la propuesta establece que los montos percibidos por las municipalidades deberán invertirse obligatoriamente en señalización vertical, demarcación de vías y programas de educación ciudadana.
"Los recursos asignados a los gobiernos municipales deberán utilizarse exclusivamente para la señalización vial y la educación vial, con el objetivo de prevenir accidentes y promover una mayor conciencia", explicó Marco Ramiro Lobo, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre).
El parlamentario representante del departamento de Olancho puntualizó que el mecanismo técnico para la transferencia presupuestaria garantizará la equidad operativa entre las distintas regiones.
El diputado enfatizó que la norma incluirá candados institucionales rigurosos para que los recursos se manejen bajo estrictos parámetros de auditoría y fiscalización permanente.
"La propuesta también establece que el manejo de estos fondos deberá regirse por criterios de identificación territorial, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización", aseveró Lobo.
El congresista concluyó que la participación activa de los gobiernos locales resulta indispensable para complementar los operativos preventivos y de control que ejecuta la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.
