El Consejo de la Judicatura garantiza el debido proceso legal en la investigación del patrimonio de los jueces del Poder Judicial.
Así lo garantizó el miércoles el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, quien además preside el Consejo de la Judicatura.
En la ley que rige este organismo, creado para gobernar al Poder Judicial, se le faculta para investigar el patrimonio de los jueces, auxiliándose de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Instituto de la Propiedad y otras instituciones, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La instrucción de investigar los bienes se giró a la Inspectoría de Tribunales.
La medida causó preocupación en la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD). Hay un problema, el Consejo primero debe establecer procesos de evaluación, no existe en la Ley del Consejo de la Judicatura sanciones ni causales de despido de jueces, dijo Tom Pandy, presidente de la AJD.
Expuso que de nada serviría investigar el patrimonio de jueces si no existe un marco legal para aplicar sanciones. Para ello, explicó, habría que reformar la ley, no emitir un reglamento.
Calificó como una ligereza la resolución, y esperaba que el Consejo se estuviera estructurando para su funcionamiento y aprobar un reglamento. Sin embargo, esperan una investigación objetiva e imparcial. Dijo que anualmente los jueces declaran sus bienes ante el TSC.
Finalmente, cuestionó el nombramiento de jueces para la Policía Militar sin seguirse el proceso de selección, como lo ordena la Ley del Consejo de la Judicatura.
Proceso legal
Rivera Avilés fue enfático en afirmar que la investigación del patrimonio de los jueces
se enmarca en lo legal.
Con la información que prepare la Inspectoría se hará una investigación científica. “Se va a investigar porque así lo establece la ley, dice que hay que investigar a todos los jueces y magistrados del país, estamos preparando al personal para que sepa qué es lo que va a investigar sin que dañe la privacidad ni el honor de los investigados”, expresó. El expediente se reforzará con la información que se obtenga de la CNBS, TSC y Fiscalías.
En cuanto a que la Ley del Consejo no especifica faltas ni sanciones, aclaró que pueden emitir disposiciones transitorias mientras se aprueba el reglamento; para ello los concejales se reúnen constantemente.
“No podemos estar esperando seis meses, un año, a tener un reglamento para empezar a disciplinar en el Poder Judicial, esto tiene que ser de manera rápida y constante”, declaró Rivera Avilés a EL HERALDO. “Siempre se va a aplicar el debido proceso, en ningún momento se van a violar los derechos de los empleados y funcionarios del Poder Judicial”, agregó.
Desde su punto de vista, lo importante es aplicar la ley “para que no tengamos que estar perdiendo el tiempo”.
En lista de espera hay 91 jueces a ser sancionados por faltas leves, menos graves y graves.
En cuanto al nombramiento de jueces para la Policía Militar, el presidente de la CSJ aclaró que eso se dio antes que se instalara el Consejo de la Judicatura el pasado 11 de octubre. Es decir, que la Presidencia de la CSJ los nombró con base en un decreto transitorio.
Acción penal
El vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, afirmó a EL HERALDO que por el momento no se ocupa un reglamento para aplicar sanciones por irregularidades detectadas en la investigación del patrimonio. “
Si se encuentra la comisión de un ilícito penal (por enriquecimiento ilícito) eso se ventila en la vía penal para que el Ministerio Público pueda realizar los requerimientos que en derecho proceden”, manifestó. Para ello, el Consejo ya emitió una resolución.
Con investigar bienes a los jueces se pretende garantizar la correcta y transparente administración de justicia, justificó el concejal Celino Aguilera.
