Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, estimó que congelar durante seis meses el impuesto a los combustibles tendría un impacto fiscal cercano a 6,600 millones de lempiras y advirtió que la medida requeriría ajustes dentro del Presupuesto General de la República.
De acuerdo con el titular de la Sefin, los 6,600 millones de lempiras que serían necesarios para congelar el impuesto durante seis meses tendrían que ser cubiertos con recursos del Presupuesto, al tratarse de fondos que deben ser compensados dentro de las cuentas del Estado.
“Esos 6,600 no es que estén de gratis, hay que pagarlos”, afirmó el ministro al referirse al impacto que tendría la iniciativa sobre los recursos públicos.
De igual forma, Hernández explicó que el apoyo temporal del 70% aplicado al precio de los combustibles ya superó la asignación inicial de 680 millones de lempiras y actualmente ronda los 1,300 millones de lempiras.
Ante este escenario, el funcionario señaló que los recursos destinados al subsidio ya excedieron lo contemplado inicialmente por la Secretaría de Finanzas, por lo que una eventual ampliación de la medida tendría nuevas implicaciones para las finanzas públicas.
Petición
Ante la iniciativa presentada en el Congreso Nacional para congelar el impuesto a los combustibles, Hernández pidió que antes de adoptar una decisión se realice un análisis técnico sobre sus efectos presupuestarios.
“Instamos al Congreso Nacional a que, previo a tomar una determinación que afecte fiscalmente los recursos del pueblo hondureño, se remita a la Secretaría de Finanzas para poder hacer un análisis del impacto presupuestario y determinar, en la balanza de la economía, qué partida se beneficia y a cuál deberemos afectar”, dijo Hernández Hércules en declaraciones a Radio América.
Finalmente, el funcionario aclaró que existe disposición de parte de Finanzas para dialogar sobre la propuesta y analizar sus posibles efectos, aunque advirtió que una eventual reducción de los ingresos fiscales podría tener repercusiones sobre otras partidas presupuestarias destinadas a salarios, inversión, educación e infraestructura.
