Tegucigalpa, Honduras.- El exprocurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, rechazó este jueves los señalamientos realizados por su sucesor, Dagoberto Aspra, y aseguró que la contratación de un bufete en Estados Unidos se realizó conforme a derecho y en defensa de los intereses del Estado hondureño.
Díaz Galeas sostuvo que la demanda civil presentada en territorio estadounidense no es de carácter personal, sino que está dirigida contra agentes estatales hondureños que actuaron en ejercicio de sus funciones y en defensa de la República, amparados en el derecho público, el derecho internacional y el derecho estadounidense.
"La demanda es contra agentes estatales hondureños. Funcionarios del Estado de Honduras que actuaron en defensa de los intereses de la República en ejercicio de su cargo. Es así con base en derecho público, derecho internacional y derecho estadounidense", aseguró Galeas, a través de su cuenta de X.
Según explicó, el caso corresponde a la demanda interpuesta por el ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien, afirmó, pretendía obtener más de tres mil millones de lempiras del tesoro nacional.
Según el exprocurador, el intento del estadounidense quedó frenado mediante la defensa jurídica del Estado. Añadió, además, que este expediente aún cuenta con procesos penales en curso en los tribunales hondureños.
El exfuncionario cuestionó además la posición actual del nuevo procurador general, al señalar que Aspra defendía —o defendió— a varios de los imputados en el mismo caso, lo que calificó como un “brutal conflicto de intereses”, dado que la Procuraduría General de la República actúa como coadyuvante del Ministerio Público (MP) en las acusaciones.
“¿Qué hará Aspra ahora? ¿Defenderá al Estado de Honduras o maniobrará desde la PGR a favor de sus clientes?”, cuestionó Díaz Galeas, al poner en duda la imparcialidad del actual titular de la institución.
Las declaraciones del exprocurador surgen luego de que, horas antes, Dagoberto Aspra denunciara públicamente que el 26 de enero, un día antes del cambio de gobierno, se habría contratado de forma ilegal un bufete estadounidense por un monto de 300 mil dólares, pagados por adelantado, para defender a exfuncionarios del gobierno anterior.
"El exprocurador de la República o la persona que estaba ahí sentada como titular, de manera ilegal, contrato un bufete en Estados Unidos por el orden de 300,000 dólares, el día 26 de enero, y dos días después le pago adelantado los 300,000 dólares para defenderse el mismo de una demanda que no solo él, sino que el Fiscal General y otros funcionarios", denunció el procurador.
Aspra aseguró que la demanda presentada en Estados Unidos es de carácter personal y no contra el Estado de Honduras, por lo que anunció una investigación interna para deducir responsabilidades por la firma del contrato y el pago efectuado.
El nuevo procurador general adelantó que el informe resultante será remitido a las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales del exprocurador por la contratación del bufete extranjero.
