Tegucigalpa, Honduras.-El procurador general, Dagoberto Aspra, reveló un presunto uso indebido de fondos públicos que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas, quien presuntamente autorizó el pago de su defensa legal personal en Estados Unidos con recursos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aspra explicó que el 26 de enero, cuando Díaz Galeas aún fungía como procurador, se firmó un contrato con un bufete estadounidense por un monto de 310,000 dólares, el cual fue pagado de manera anticipada con fondos estatales.
De acuerdo con el actual titular de la PGR, el contrato tenía como objetivo que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil interpuesta por un ciudadano estadounidense o, en su defecto, solicitar el traslado del proceso judicial a la ciudad de Washington.
Sin embargo, Aspra aclaró que la demanda no fue presentada contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio exprocurador, el fiscal general; Johel Zelaya, entre otros miembros del gabinete del gobierno anterior.
“Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero de las arcas del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal”, afirmó Aspra.
Advirtió que el caso presenta una complejidad adicional, ya que el Ministerio Público no puede conocer la investigación, debido a que el fiscal general figura como parte demandada y también habría sido beneficiado con la defensa financiada con recursos públicos.
“Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para que se deduzcan responsabilidades”, sostuvo.
Alertó sobre posibles indicios de sobrevaloración en los honorarios legales, al considerar que el monto pagado sería desproporcionado en relación con las gestiones realizadas por el bufete contratado.
“Preliminarmente, se percibe que los valores están inflados. Estamos haciendo verificaciones en Estados Unidos para conocer cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones”, indicó.
Ante la magnitud del caso, el procurador general no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear el destino de los fondos públicos utilizados en la contratación del despacho legal.
“Estamos evaluando que una agencia de Estados Unidos se involucre para ayudarnos a seguir la ruta del dinero y determinar si existen irregularidades adicionales”, dijo.
El caso ya es considerado uno de los señalamientos más graves por presunto uso indebido de recursos públicos vinculados a decisiones adoptadas durante el gobierno anterior y podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales, según el avance de las investigaciones.
Sin embargo, el exprocurador Galeas rechazó esa interpretación y sostuvo que el caso sí involucra a funcionarios que actuaron como representantes del Estado mientras defendían intereses públicos.
Aseguró que la contratación de la firma legal se realizó bajo parámetros de derecho público, normas internacionales y legislación estadounidense.
Díaz Galeas detalló que el litigio se relaciona con el ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien -de acuerdo con su versión- buscaba obtener del Estado hondureño 3 mil millones de lempiras. Indicó que la actuación de la PGR durante su gestión permitió proteger esos recursos.
Además, advirtió que el expediente no está cerrado, ya que continúan procesos penales en tribunales nacionales. En ese punto, planteó un señalamiento directo contra Aspra, al sostener que algunos de los acusados en esa causa estarían siendo defendidos por él, lo que -según dijo-genera un posible conflicto de intereses, dado que la PGR forma parte de la acusación junto al Ministerio Público.
