Tegucigalpa, Honduras.- Se desarrolló la audiencia de declaración de imputado para la diputada Isis Cuéllar y otras cinco personas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Tras notificar a las partes sobre la acusación del delito de fraude, el juez natural dictó la medida de arresto domiciliario para la congresista y las cinco personas que se presentaron hoy.
Además, el juez natural determinó suspender de su cargo en el Congreso a la parlamentaria mientras se desarrolle el proceso judicial.
Con la medida, la congresista no podrá asistir a sesiones en el Poder Legislativo y únicamente deberá movilizarse para presentarse a las audiencias que continúen, tampoco podrá salir del país.
Isis Cuéllar estuvo en audiencia de declaración de imputado junto a Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.
La audiencia inicial se efectuará este viernes a las 9:00 a.m. y estarán todos los acusados, por lo que Isis Cuéllar y José Carlos Cardona se volverán a encontrar.
Acusación
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a Cuéllar y otros 11 implicados -incluido José Carlos Cardona- por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por el orden de más de seis millones de lempiras.
Para llevar a cabo este desfalco, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.
La diputada habría utilizado su cargo para gestionar 6.5 millones de lempiras ante el Congreso Nacional, proponiendo que sea Sedesol la unidad ejecutora.
Seleccionó a 67 supuestos beneficiarios de los fondos, pero muchos de ellos en realidad eran empleados públicos, personas con empresas y hasta aspirantes a cargos políticos.
Además, coordinó a sus asistentes para que estas trasladaran a las personas a las que se les emitían los cheques, estos fueran cambiados y posteriormente el dinero quedaba en manos de Cuéllar.
