Justicia
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Tegucigalpa, Honduras.- El proceso judicial contra Luis Redondo, y los integrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional enfrenta una exigencia desde la sociedad civil: que no se convierta en otro expediente que pierda fuerza tras las primeras actuaciones judiciales.
En manos de la jueza Anny Belinda Ochoa está el requerimiento fiscal contra 14 diputados y exdiputados, señalados por presuntos delitos vinculados con actuaciones legislativas durante el período 2022-2026.
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pidió que la acusación tenga sustento probatorio y avance hasta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades individuales.
“La expectativa es que el requerimiento fiscal presentado contra diputados y exlegisladores, entre ellos el expresidente Luis Redondo, sea firme y sólido, que no se quede en una simple audiencia inicial”, manifestó Aguilar.
El representante de la ASJ además subrayó que el Ministerio Público debe demostrar sus señalamientos con pruebas suficientes, una relación clara de los hechos y la fundamentación de los delitos atribuidos.
Sostuvo que la expectativa es que el proceso no se diluya en sus primeras etapas y que las autoridades judiciales resuelvan conforme a derecho.
Suspención de cargos
El analista político Kenneth Madrid señaló que los siete diputados en funciones incluidos en el requerimiento fiscal podrían enfrentar una suspensión, dependiendo de las decisiones de las autoridades competentes y de las disposiciones legales aplicables, donde figura Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Scherly Arriaga, Kritza Pérez, Linda Donaire y Edgardo Casaña.
Madrid sostuvo que quienes hayan incurrido en actuaciones contrarias a la ley deben responder ante la justicia, sin que el ejercicio de un cargo público los coloque al margen de las responsabilidades que eventualmente se acrediten.
El analista consideró que el caso también debe dejar un precedente para los funcionarios actuales y advirtió que los períodos en los cargos públicos son temporales, pero las consecuencias legales de decisiones presuntamente contrarias a la ley pueden extenderse más allá del mandato.
La eventual suspensión de los diputados, sin embargo, dependerá de las determinaciones que adopten las autoridades competentes dentro del marco legal.
Los 21 cargos
El requerimiento fiscal comprendre 21 delitos atribuidos a los señalados por actuaciones relacionadas con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Entre los ilícitos mencionados figuran perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) señala a Redondo por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
A Luz Angelica Smith se le atribuyen los delitos de falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
También figuran Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña. Asimismo, el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG), Edis Moncada, enfrenta una acusación por presunta violación de los deberes de los funcionarios.
Debido proceso
En medio de los cuestionamientos sobre el alcance del proceso, el magistrado Milton Jiménez, sostuvo que las actuaciones deben desarrollarse sin interferencias políticas.
“La expectativa es que tanto el Ministerio Público como los entes del Estado que nos encargamos de la administración de justicia seamos totalmente al margen de la política en este proceso”, afirmó.
Jiménez agregó que corresponderá a la juez natural, Anny Ochoa, determinar las medidas cautelares aplicables, de acuerdo con las circunstancias de cada caso y las disposiciones legales pertinentes.
Con el proceso en su fase inicial, la exigencia de los sectores de la sociedad civil se centra en que las investigaciones no se limiten a las primeras diligencias, sino que avancen con pruebas, respeto al debido proceso e independencia judicial hasta esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
