Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo administrativo contra el exfiscal general, Johel Zelaya, por la presunta omisión del Ministerio Público (MP) para investigar actuaciones atribuidas a Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional.
El recurso, registrado bajo el expediente SCO-0081-2026, fue presentado por el abogado Leonel Núñez, quien cuestiona que la Fiscalía no haya iniciado una investigación ni ejercido la acción penal pública tras la aprobación del decreto legislativo No. 58-2025.
La normativa, aprobada por la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo y publicada en el diario oficial La Gaceta el 9 de enero, ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento "voto por voto" tras la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025, y establecía que, si el órgano electoral no efectuaba la orden, el Congreso Nacional asumiría directamente el escrutinio de los votos.
En el escrito, el titular de la Comisión Liquidadora, sostiene que las actuaciones atribuidas a Redondo habrían invadido competencias exclusivas del CNE en su condición de órgano constitucional autónomo, vulnerando principios como la separación de poderes, la forma de gobierno y la institucionalidad democrática.
Además, el documento califica la presunta inacción del Ministerio Público como una "omisión ilegal, arbitraria e inconstitucional" y solicita a la Sala Constitucional que examine la actuación del entonces fiscal general frente a los hechos expuestos.
Tras admitir el amparo, la Sala de lo Constitucional solicitó al Ministerio Público que remita, en un plazo de 24 horas, el expediente relacionado con la denuncia, que permitirá revisar los antecedentes del caso y continuar el procedimiento antes de resolver si procede conceder la protección constitucional solicitada.
No obstante, Núñez solicitó que luego que el órgano judicial indague los expedientes del caso, se adjudiquen "responsabilidades civiles, administrativas o penales contra el exfiscal general".
"El recurso se presentó por esa atribución que solamente le corresponde al Consejo Nacional Electoral y no al Congreso Nacional; Esto fue un claro abusión de autoridad, y el Ministerio Público está en la obligación de salvaguardar la ley y la Constitución, y en ese momento no lo hizo, a pesar de las denuncias que se presentaron", explicó.
Requerimiento fiscal
Ante el decreto, este 20 de octubre, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia conoció un requerimiento fiscal contra Redondo, 12 integrantes de la extinta Comisión Permanente, y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada por 21 delitos.
El expediente conocido por la juez natural del proceso, la magistrada Anny Ochoa, implica a la diputada Luz Angélica Smith Mejía por falsificación en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de deberes de los funcionarios.
Por estos mismos cargos fueron acusados, los diputados de Libre, Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
El requerimiento menciona a los 14 imputados en el caso por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
