Tegucigalpa, Honduras.- El requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente abrió un nuevo frente de confrontación política, con señalamientos de presuntos abusos de poder y acusaciones de persecución contra la oposición.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió oficialmente el requerimiento, en el que figura el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios. Una jueza natural fue designada para conocer el expediente cuando sea remitido formalmente.
El caso está relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente durante la crisis política y electoral de diciembre, cuando un grupo de diputados impulsó un decreto que ordenaba realizar un nuevo escrutinio general de las actas electorales.
La controversia gira en torno a las atribuciones de esa comisión y a si podía tomar decisiones en nombre del pleno del Congreso Nacional.
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, sostuvo que las actuaciones deben examinarse a fondo y recordó que, a su criterio, hubo un intento de impedir la declaratoria de las autoridades electas en los comicios del 30 de noviembre.
“Todos los funcionarios públicos estamos sujetos a la investigación que se derive producto de nuestras actuaciones”, expresó Fuentes.
Fuentes señaló que el decreto impulsaba que el Congreso Nacional realizara un escrutinio general, pero la declaratoria electoral finalmente fue emitida por el pleno de consejeros del CNE, conforme a la Constitución y la Ley Electoral, según indicó.
El funcionario agregó que corresponde a los órganos investigadores y al Poder Judicial determinar las responsabilidades que pudieran existir.
También afirmó que quienes hayan participado en acciones orientadas a impedir la declaratoria deben comparecer ante las instancias correspondientes, sin que ello implique dar por probada su responsabilidad.
Por su parte, la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez cuestionó que una comisión reducida asumiera funciones que, a su juicio, correspondían al pleno legislativo, especialmente cuando había diputados propietarios fuera del Congreso.
“Los políticos no estamos por encima de las leyes y muchas veces, aunque esas leyes no nos favorezcan, nuestro papel tiene que ser apegado estrictamente a la ley”, manifestó Gutiérrez.
Gutiérrez calificó la actuación como una decisión audaz y sostuvo que cada funcionario debe responder por sus propios actos.
Sin embargo, evitó señalar quién habría asesorado a Redondo para tomar esas decisiones, al considerar que no puede atribuir esa responsabilidad a una persona sin tener pruebas.
Desde la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), su jefe, Ronald Panchamé, rechazó los señalamientos y aseguró que el proceso judicial busca debilitar a la oposición política.
El diputado comparó el caso con otros procesos relacionados con presuntos actos de corrupción y cuestionó lo que considera un trato desigual por parte de la justicia.
“Están utilizando los órganos de justicia para doblegar una oposición que hoy está alzando la voz”, afirmó Ronald Panchamé, jefe de bancada de Libre.
Panchamé defendió la actuación de la Comisión Permanente y sostuvo que sus atribuciones deben analizarse jurídicamente, no únicamente a partir de las interpretaciones de los partidos políticos.
También alegó que los diputados cuentan con fuero legislativo para tomar decisiones y votar en el ejercicio de sus funciones, aunque aclaró que su argumento no supone afirmar que se haya cometido o no un delito.
En contraste, la exdiputada Fátima Mena consideró que el requerimiento fiscal es una consecuencia de las advertencias que, según recordó, se hicieron a Redondo y a la junta directiva del Congreso anterior por mantener paralizadas las sesiones y permitir que un grupo reducido tomara decisiones en nombre de los 128 diputados.
Mena afirmó que se realizaron llamados para prorrogar el período de sesiones y que también hubo acciones legislativas para cuestionar la integración de la Comisión Permanente.
Añadió que, cuando surgió la posibilidad de realizar conteos y escrutinios electorales, se puso el asunto en conocimiento del Ministerio Público.
“Fue una situación bastante lamentable, lo cual nos metió en una crisis constitucional bastante profunda”, expresó la exdiputada.
La excongresista sostuvo que los integrantes de la comisión tuvieron oportunidades para atender las advertencias y buscar consensos, pero persistieron en prácticas que excedían sus atribuciones.
