Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) emitió la tarde de este 10 de noviembre requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
La acción legal se da por suponerles responsable del delito de prevaricato judicial "al emitir resoluciones contrarias a la ley", afirmó la Fiscalía.
A inicios del presente mes, el MP promovió antejuicio para los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que “ambos funcionarios, sin la participación del tercer miembro que conforma el Pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados".
Sin embargo, la CSJ declaró inadmisible la solicitud del MP por unanimidad de votos.
Ante ello, el Ministerio Público hizo oficial el requerimiento a los magistrados, quienes votaron a favor de la inscripción de Jorge Cálix en la papeleta de candidatos a diputados por el departamento de Olancho.
Comunicado íntegro del MP
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales presenta requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial, al emitir resoluciones contrarias a la ley y por ende ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
Según las investigaciones, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano debido a que emitió una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en Pleno, el cual correspondía a un recurso relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional. El 27 de octubre los dos magistrados resolvieron de manera irregular, arbitraria y antijurídica dicha recusación, sin conformar el quórum respectivo ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, el cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.
Dicha actuación, además de ser contraria a la normativa que regula ese Tribunal, carece de validez jurídica, ya que el magistrado Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación planteada en su contra, situación expresamente prohibida por la ley.
Otra de las irregularidades cometidas por ambos magistrados ocurrió el 28 de octubre cuando dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los dos ciudadanos. Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado (no se convocó al tercer magistrado propietario ni a un suplente), pese a que la ley exige la presencia de los tres miembros para que el pleno pueda sesionar y emitir resoluciones en legal y debida forma.
Luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la solicitud de antejuicio, al considerar que los magistrados del TJE tienen las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de la CSJ, y, por tanto, no gozan de esa garantía para ser acusados mediante dicho procedimiento, fiscales de la UECDE presentan el requerimiento fiscal para que la causa sea conocida por un juez natural.
