Incertidumbre
Unas 3,000 AK-47 que la ciudadanía entregó voluntariamente a la Policía Nacional están envueltas en un velo de misterio.
Fuentes oficiales allegadas a la Secretaría de Seguridad confiaron a EL HERALDO sobre el extravío de estas armas de uso prohibido.
En el primer período de gestión de Óscar Álvarez al frente de la Secretaría de Seguridad, 2002-2006, se aprobó una ley orientada a incautar todas las armas prohibidas. Para ese efecto la normativa, de vigencia transitoria, facilitó a los portadores de armas AK-47 que las entregaran a la Policía a cambio del pago de mil lempiras por cada fusil.
Como respuesta, unas 3,000 AK-47 se entregaron a Seguridad, quien buscó un mecanismo para la destrucción de este arsenal.
Una medida que en esa época se consideró fue llevar los fusiles a Comayagua para ser incinerados en un horno especial propiedad de una empresa, detalló la fuente.
La iniciativa no fue factible porque se requería cerca del millón de lempiras para que ese tipo de destrucción se concretara. Al conocer del interés de Seguridad de destruir las armas, la Fiscalía de Derechos Humanos se opuso.
Argumentó que las AK-47 no habían sido periciadas y posiblemente con algunas de ellas se había dado muerte alguna persona.
Por tal motivo, autoridades policiales instruyeron levantar el inventario de las armas, con apoyo de la agencia ATF, de los Estados Unidos, informó.
Luego fueron puestas en depósito en dos unidades policiales, para su resguardo: unas 600 se almacenaron en contenedores del Comando de Operaciones Especiales Cobras, las 2,400 restantes fueron embodegadas en la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación.
Actualmente en la Secretaría de Seguridad nadie rinde cuentas de dónde se encuentran estas AK-47.
