Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional (CN) -en el período recién culminado- Luis Rolando Redondo Guifarro, fue denunciado este día ante el Ministerio Público (MP), por un delito que habría cometido días antes de dejar el Poder Legislativo.
La acción legal fue interpuesta, en conjunto, por los abogados Leonel Núñez y Fernando González, con carácter personal e independiente, alegando de Luis Redondo incurrió en un delito, al realizar una acción constitucional sin cumplir los requisitos de ley.
Redondo Guifarro habría redactado el decreto 48-2025, que posteriormente fue enviado a publicar al diario oficial La Gaceta, en el que autoriza la instalación en nuestro país de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), sin el consenso del pleno de diputados del Congreso Nacional (CN).
Leonel Núñez, explicó que "este decreto 48-2025, publicado en La Gaceta, no llenó los requisitos formales que se establecen para poder ser aprobado. Esto en virtud que los diputados del Congreso establecen que ni cuenta se dieron en qué momento se dio la reunión. Por otro lado, hay que ver que él ya no estaba en funciones como diputado cuando se mandó a publicar".
A criterio de Núñez, en esa acción de Redondo existen varias anomalías que el Ministerio Público tiene que investigar de oficio mediante la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución (FEDC). "El Ministerio Público podría calificar la usurpación de funciones, la ausencia de autoridad, entre otros delitos", apuntó.
La denuncia es contra Luis Redondo, que según los recurrentes fue quien envió el decreto a publicar al diario oficial La Gaceta, pero también contra los que firmaron la publicación y contra los funcionarios de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), quienes habrían incumplido una orden ilegal, indicó el litigante.
Recurso de inconstitucionalidad
Núñez y González también interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS), solicitando la nulidad del decreto 48-2025, para que la CICIH no se pueda instalar en Honduras, tal como se pide en ese decreto.
"Nos hemos personado con el colega Leonel Núñez para interponer las garantías correspondientes y será en el devenir del mismo proceso, que la Sala Constitucional arrojará que la creación de dicho decreto es totalmente ilegal", confirmó Fernando González.
Con la mora que impera actualmente en la Sala Constitucional, los dos profesionales del derecho están conscientes de que talvez no sería una prioridad para los magistrados de esta Sala, pero esperan que sea con prontitud.
"No es que estamos en contra de que venga la CICIH, sino, que tiene que estar dentro de la ley, y va a ser la Sala Constitucional que va a dirimir esta situación. Acordémonos que esto (la CICIH) tiene que nacer primero a través de un tratado internacional; el tratado que quedó sólo en cartas de entendimiento entre el Estado de Honduras y la ONU y que nunca se concretó".
Según detallaron los denunciantes, el decreto 48-2025 fue publicado el 22 de enero del 2026; precepto del que ahora se investiga si, en efecto, fue sancionado por la entonces presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento.
