Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) instó al Congreso Nacional a priorizar la idoneidad, transparencia e independencia en el proceso de elección del nuevo Procurador General y Subprocurador General de la República, que será conocido este lunes por el pleno legislativo.
Mediante un pronunciamiento público, la organización destacó la importancia de este proceso para la defensa del interés público, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto al Estado de derecho, recordando que la Procuraduría General de la República es una institución de rango constitucional encargada de la defensa jurídica del Estado.
La ASJ subrayó que, debido a la trascendencia de sus funciones, quienes dirijan esta institución deben contar con la más alta idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y credibilidad ante la ciudadanía.
En ese sentido, recordó que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría General establecen requisitos claros y obligatorios para optar a estos cargos.
Según la organización, dichos requisitos no constituyen una formalidad ni una opción política, sino garantías esenciales para preservar la legitimidad, autonomía y eficacia de la institución, por lo que su cumplimiento estricto es una responsabilidad ineludible del Congreso Nacional.
La ASJ exhortó especialmente a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal a actuar con responsabilidad histórica y a no repetir errores del pasado.
Asimismo, enfatizó que la elección debe anteponer el interés superior del Estado por encima de cuotas partidarias o acuerdos políticos, y que los postulantes deben cumplir plenamente con los requisitos legales y no registrar antecedentes judiciales que comprometan su honorabilidad.
El pronunciamiento advierte que la experiencia reciente del país demuestra que las designaciones realizadas sin transparencia ni idoneidad debilitan las instituciones, erosionan la confianza ciudadana y exponen al Estado a riesgos jurídicos y económicos.
La ASJ reiteró que la legalidad y la transparencia son obligaciones permanentes del Estado, independientemente del contexto político, y anunció que dará seguimiento cercano al proceso de elección, señalando cualquier decisión que se aparte del marco constitucional o ponga en riesgo la institucionalidad del país.
