Tegucigalpa, Honduras.-Un requerimiento fiscal contra la actual diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y al menos 10 exfuncionarios del Estado fue presentado este lunes 2 de febrero.
Según el requerimiento fiscal, la línea 1 de investigación "se presenta requerimiento fiscal por fraude", contra:
-Isis Cuéllar
-José Carlos Cardona
-Rosy Yanira Martínez
-Luis Manuel Fernández
-Jennifer Nazareth Martínez
-Mirza Nohelia Sánchez
-José Manuel Cerrato
-Reiniery Fabrizzio Lazzaroni
-Eliud Reiniery Aguilar
-Eleny Kassandra Galeas
-Ilsy Valeska Baquedano
-Iris Paola Pérez Moreno
El documento también detallan que se libraron órdenes de captura a nivel nacional e internacional y alertas migratorias contra todos los implicados, por un total de 67 delitos de fraude.
Además, detalla que el fraude es por un total de L6,032,654.07, por fondos para el Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.
Se ha designado al Luis Fernando Padilla para conocer el caso y realizar las diligencias correspondientes, según se conoció.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, explicó que, tras el ingreso del requerimiento, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, convocó de manera inmediata a un pleno de magistrados, con el único objetivo de ratificar al magistrado que fungirá como juez natural designado para conocer el caso, conforme al rol previamente establecido.
“Este día ha ingresado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal, el cual fue turnado a la Presidencia y de inmediato se convocó al pleno de magistrados”, detalló Silva.
Según indicó el vocero, debido a la naturaleza de la acusación, el requerimiento involucra a altos funcionarios en funciones, razón por la cual el caso debe ser conocido directamente por la Corte Suprema de Justicia.
Silva confirmó que el requerimiento fiscal incluye la acusación por el delito de fraude, aunque aclaró que será hasta la audiencia de declaración de imputado cuando se conozcan en detalle los hechos investigados y si existen otros delitos imputados.
“Hasta que se realice la audiencia de declaración de imputado conoceremos la totalidad de los hechos y la individualización de los delitos”, precisó.
Caso de Sedesol
El escándalo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estalló a finales de junio de 2025 tras la filtración de una grabación en la que la diputada por el departamento de Copán, conversa con el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre la distribución de fondos públicos a través de cheques que, según denuncias, habrían sido utilizados con fines políticos y proselitistas más que en proyectos de asistencia social. En ese audio se discute la entrega de recursos para supuestas coordinaciones políticas y la entrega de materiales cuya finalidad real no fue totalmente aclarada.
La polémica se concentró en el uso del Fondo de Administración Solidaria (FAS) que Sedesol administra para programas sociales y ayuda a comunidades vulnerables, pero que habría sido gestionado sin controles claros y con cheques emitidos a personas con vínculos políticos o familiares cercanos a Cuéllar.
Documentos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revelaron irregularidades en la ejecución de al menos 5 millones de lempiras destinados supuestamente a reparaciones de viviendas y emprendimientos, con ausencia de documentación justificativa y supervisión técnica.
La implicación de Cuéllar radica en que, además de haber sido grabada en el polémico audio, era una de las principales gestoras de estos recursos en Copán y persona clave para ejecutar estos desembolsos a través de la institución.
Aunque fue suspendida de sus cargos internos en el partido Libre y como vicepresidenta del Congreso, continúa activa como diputada y no ha enfrentado aún acciones legales formales ni ha rendido cuentas en instituciones como el Ministerio Público. Tampoco ha ofrecido explicaciones públicas claras sobre las acusaciones que pesan en su contra.
