Tegucigalpa, Honduras.- Ya transcurrieron cinco días desde que se presentó el primer recurso de inconstitucionalidad y la primera acción de amparo, contra el decreto legislativo 58-2025, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin pronunciarse sobre ese caso en particular.
Un total de siete acciones legales se han interpuesto en la Secretaría de la Sala Constitucional, todas precisando de esa judicatura, la prontitud para resolver lo solicitado por parte de los recurrentes, alegando la importancia del caso, sin embargo, esta Sala no ha dado luces de que será así.
De acuerdo con entendidos en materia de derecho, la admisión a trámite de los amparos incoados, debió de realizarse en las siguientes 48 horas después de haber presentado el escrito en la Secretaría de la Sala Constitucional; pero en ninguno de los siete casos ocurrió así.
"El plazo era de 48 horas. Les hago un llamado, con todo respeto, a los magistrados de la Sala Constitucional, que resuelvan, que no nos tengan en incertidumbre. El pueblo hondureño, así como nosotros que presentamos los recursos, deben de respetarnos", expresó la exfiscal del Ministerio Público y ahora litigante independiente, Nilia Ramos.
Aclaración de legitimación
A raíz de esa tardanza, la abogada Ruth Lafosse, especializada en derecho constitucional, y recurrente en una de las acciones de amparo interpuesto contra el decreto 58-2025, se apersonó este día una vez más a la Secretaría de la Sala Constitucional, para realizar aclaraciones sobre el escrito de amparo, en cuanto a la legitimación que tiene cualquier ciudadano para peticionar.
"La idea es de que la Corte Suprema de Justicia nos tome en cuenta a todos, de manera que, incluyendo el recurso de amparo en el caso nuestro, el derecho que se está pidiendo en el amparo es precisamente la protección de la materialización del voto para alcanzar la alternabilidad en el poder de las nuevas autoridades", explicó Lafosse.
La profesional del derecho instruyó que, el ciudadano, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución de la República, dentro de sus deberes, está el de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución y sus leyes.
"Bajo esos argumentos, pedimos a la Corte Suprema de Justicia, que esta legitimación activa no se visualice de manera restrictiva, de que solo ciertas personas lo pueden hacer; también se toman en cuenta en esa defensa a través del recurso de amparo, la legitimidad y la titularidad de la defensa del derecho que tiene todo ciudadano", recalcó.
Todas las acciones
Desde el 10 de enero que se interpusieron los primeros recursos contra el decreto legislativo 58-2025, a ninguno de estos se ha admitido a trámite, que es el primer paso luego de la presentación de estos.
Hermes Ramírez, en representación del Partido Nacional y del presidente electo, Nasry "Tito" Asfura, presentó una acción de amparo, con el objetivo de que se respete la decisión adoptada por el CNE, al dar la declaratoria de las elecciones generales.
Este amparo fue incoado, solicitando la suspensión del acto reclamado, en este caso, las actuaciones del diputado Luis Redondo y los demás diputados que participaron en la sesión del Congreso Nacional, celebrada entre la noche del 8 de enero y la madrugada del 9 de enero.
Ramírez también presentó ante la Sala Constitucional, el domingo 11 de enero, el primero de los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025.
El lunes 12 de enero, la plataforma ciudadana denominada "Defensores de Honduras", interpuso una acción de amparo, con el objetivo de que se inaplique el decreto legislativo 58-2025, en el que se anula la declaratoria de las elecciones y manda a que se ejecute de nuevo el escrutinio de los votos.
Un grupo de diputados del Partido Nacional (PN), del Partido Liberal (PL) y del Partido Salvador de Honduras (PSH), encabezados por el abogado Jaime Rodríguez, miembro de la Comisión Jurídica del Partido Nacional, quienes presentaron otro recurso de inconstitucionalidad.
Los litigantes Fernando González y Leonel Núñez, presentaron ante la misma judicatura del Poder Judicial, un recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción en forma total y por razón de contenido, el 12 de enero.
Ayer 14 de enero, el abogado Edgardo Molina, incoó otro de estos recursos de inconstitucionalidad, para sumar siete; todos están a la espera de una respuesta oportuna de la Sala Constitucional.
El decreto 58-2025, aprobado por la bancada de Libertad y Refundación (Libre), en el Congreso Nacional (CN) y sancionado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, ordena la repetición del escrutinio de los votos de los tres niveles electivos, en las pasadas elecciones del 30 de noviembre de 2025.
