Luis Redondo, en su condición de presidente del Congreso Nacional, continuaba ayer presionando para aplicar el decreto 58-2025 en el que desconoce la declaratoria de elecciones realizada en tiempo y forma por el organismo electoral competente y que se haga un nuevo escrutinio de las elecciones del pasado 30 de noviembre.
El congresista sigue en su carrera por desconocer el proceso electoral en el cual él y su partido político recibieron un fuerte rechazo del electorado, que los relegó a un lejano tercer lugar frente a sus competidores del Partido Liberal y el Partido Nacional, ganador de la contienda en el nivel presidencial.
El polémico decreto 58-2025 ha sido considerado ilegal por abogados constitucionalistas y expertos en materia electoral por haber sido aprobado en una sesión en la que a pesar de sentar a un buen número de diputados suplentes del partido Libre en las curules de los diputados del resto de bancadas acreditadas (a las que les vedó el ingreso al hemiciclo), no logró el quórum requerido para la aprobación de decretos y leyes relacionados con la materia electoral, es decir, 86 votos correspondientes a las dos terceras partes de la totalidad de los 128 diputados. En esa sesión, Redondo tampoco hizo uso del sistema electrónico disponible para la votación de su decreto a pesar de que el mismo estaba en óptimas condiciones, con el claro propósito de no dejar huellas de cuántos y quiénes votaron su decreto.
Ayer, diferentes profesionales del derecho y ciudadanos presentaron ante la Corte Suprema de Justicia varios recursos de inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto de Redondo, por estimar que el mismo tiene como intención romper el orden constitucional, aunque un abogado dijo que la verdadera intención de Redondo es, tras la escandalosa derrota que lo dejó a él fuera del nuevo congreso, forzar negociaciones con intereses alejados del irrestricto respeto a las leyes y de la voluntad del pueblo hondureño, claramente expresada a través del proceso electoral, que debe ser respetada
