Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, presentó un recurso de apelación contra las medidas distintas a la detención judicial impuestas por un juez de letras penal durante la audiencia de declaración de imputado.
Los abogados de Hernández sostienen que el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) registra “deficiencias que afectan el derecho a la defensa y el debido proceso”.
Por ello, el 20 de agosto solicitaron que un tribunal superior revise la decisión y los argumentos planteados durante la audiencia de declaración de imputado.
Entre los principales argumentos, la defensa señala una supuesta falta de imputación necesaria, en posible infracción del artículo 293, numerales 3 y 4, del Código Procesal Penal.
Según los abogados, la Fiscalía no individualizó con precisión los delitos que se imputan ni explicó de manera clara cuáles son las pruebas que acreditarían la existencia de las infracciones o la participación personal de Hernández.
También cuestionan que el requerimiento fiscal no delimita qué conducta concreta se le atribuye al general en relación con cada uno de los delitos por los que fue acusado.
Ante ello, la defensa sostiene que Hernández debe conocer con precisión qué se le atribuye, cómo y cuándo ocurrió el hecho, así como cuáles son las pruebas que pretenden vincularlo con el caso.
Delitos
Los abogados cuestionaron la forma en que, según ellos, la Fiscalía construyó la acusación del caso.
En el recurso señalan que el requerimiento fiscal mezcla publicaciones institucionales, declaraciones personales, mantas atribuidas a terceros desconocidos, opiniones sobre el clima político y alusiones generales al gremio periodístico.
Según el Ministerio Público, Hernández enfrenta una acusación por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
No obstante, sobre el delito de “Limitación o Impedimento de Determinados Derechos Fundamentales”, los abogados sostienen que la acusación no describe una acción que pueda atribuirse directamente al imputado.
Además, señalan que no se menciona el cierre de un medio de comunicación, censura previa, decomiso de equipos, prohibición de publicar ni una orden oficial para retirar contenidos.
También plantean que algunas expresiones que podrían considerarse ofensivas o valoraciones sobre declaraciones públicas pueden afectar la honra o reputación de una persona, pero no necesariamente constituyen el delito que se le atribuye a Hernández.
Según el recurso, intentar encuadrar esas conductas mediante conceptos como “alarma pública” o “sensibilidad institucional” vulneraría el principio de legalidad.
La defensa también acusa al MP de realizar una expansión indebida del derecho penal al intentar convertir disputas de opinión en delitos de acción pública.
Medidas
Un juez de letras penal dictó medidas distintas a la detención judicial contra Roosevelt Hernández después de la audiencia de declaración de imputado celebrada el pasado 19 de agosto.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que las medidas fueron establecidas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.
Entre las disposiciones se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente en el juzgado y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas.
En febrero de 2025, Hernández también fue señalado por una campaña de intimidación dirigida contra 12 medios de comunicación hondureños, luego de anunciar acciones legales y exigir información sobre sus fuentes por publicaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas.
Entre los medios señalados se encuentran EL HERALDO, LA PRENSA, Radio Cadena Voces, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q’Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
El caso se originó por publicaciones difundidas en el periódico digital de las Fuerzas Armadas.
El 26 de mayo de 2025, ese medio publicó una portada en la que calificó a los tres comunicadores como “sicarios de la verdad” y dedicó cinco páginas a descalificarlos.
El Ministerio Público emitió el requerimiento fiscal el 29 de julio por los ataques señalados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Ahora será el tribunal de alzada el que deberá conocer los argumentos presentados por la defensa de Hernández en su recurso de apelación.
