Tegucigalpa, Honduras.- Los periodistas que denunciaron al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, exigieron que el proceso judicial en su contra avance sin privilegios, retrasos, temores ni favoritismos políticos.
Este miércoles 19 de agosto, Hernández se sometió a la audiencia de declaración de imputado, en la que un juez de letras penal le impuso medidas distintas a la prisión preventiva.
Rodrigo Wong Arévalo, uno de los comunicadores que denunció a Hernández ante el Ministerio Público, pidió que el proceso contra el exjefe militar no esté condicionado por intereses políticos.
“La ley debe ser sin privilegios, sin atender algún tipo de temores o favoritismos políticos. Para nadie es un secreto que la justicia en Honduras está politizada y que en este momento tenemos más un Estado de injusticia que de justicia”, aseguró.
El director y propietario de Abriendo Brecha también defendió la libertad de expresión y rechazó cualquier acción que pueda afectar el ejercicio del periodismo.
“No se trata de marcar un precedente, se trata de poner en perspectiva que en Honduras los periodistas no podemos permitir que se ofenda la libertad de expresión”, apuntó.
Estigmatización
Por su parte, Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, aseguró que durante el conflicto con Hernández se produjo una violación de derechos humanos debido a la forma en que fueron señalados por ejercer su profesión. “Hubo una violación a derechos porque se nos estigmatizó por nuestra labor periodística, afirmó.
El comunicador también cuestionó la denominación utilizada contra los periodistas, a quienes se señaló como “sicarios de la verdad” tras cuestionar actuaciones durante la gestión de Hernández.
“Un sicario es un asesino. Nosotros nada más somos soldados de la libertad, soldados de la verdad, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión”, manifestó.
Proceso contra Roosevelt Hernández
Tras la audiencia de declaración de imputado, la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que las medidas fueron establecidas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.
Entre las disposiciones ordenadas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente en el juzgado y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas. Las medidas permanecerán vigentes hasta la audiencia inicial, programada para el martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Tras la audiencia, Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), consideró que el caso representa un paso importante dentro del proceso judicial y libertad de expresión.
“Esto debe servir como precedente para aquellos que están en el poder dentro de las Fuerzas Armadas y los que vienen. Este es un tema de libertad de expresión, por consiguiente, habla muy bien de la justicia hondureña. Como Colegio de Periodistas de Honduras, esto es importante y trascendental”, aseguró.
Abrupta salida de juzgados
Al término de la audiencia de declaración de imputado, el general en condición de retiro salió del recinto judicial a paso rápido, acompañado por más de una decena de agentes policiales que lo escoltaron durante su recorrido, en medio de un ambiente marcado por momentos de tensión.
Los periodistas quisieron abordar a Hernández, quien solo aseguró que se sometería al proceso penal correspondiente mientras era fuertemente escoltado.
El Ministerio Público acusa a Hernández por presuntos delitos contra la libertad de prensa, pues, según el requerimiento, existió una conducta dirigida a estigmatizar a periodistas mediante publicaciones oficiales y declaraciones públicas.
