Tegucigalpa, Honduras.- El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, continúa generando reacciones y abrió un nuevo debate sobre el papel que desempeñó durante su gestión.
Mientras el proceso judicial se centra en delitos contra la libertad de expresión, analistas sostienen que las investigaciones deberían ampliarse a su actuación durante el proceso electoral de 2025.
La acusación presentada por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia atribuye a Hernández los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra y la libertad de expresión.
En medio del proceso judicial, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, consideró acertada la decisión del Ministerio Público de presentar el requerimiento fiscal, aunque sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a las declaraciones contra periodistas. “Nos parece correcto que él esté siendo llevado a la justicia”, manifestó, al tiempo que subrayó que el exjerarca militar debe gozar del debido proceso, el derecho a la defensa y todas las garantías que establece la ley.
Castellanos afirmó que la actuación de Hernández al frente de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral también debe ser objeto de investigación. “Lo que vimos fue una persona que actuó más como activista que como un garante de la Constitución de la República”, expresó.
A su juicio, sus actuaciones comprometieron la neutralidad institucional, pusieron en riesgo el proceso electoral y evidenciaron una inclinación político-partidaria incompatible con la responsabilidad que ejercía. Las reacciones también alcanzaron al ámbito político.
El analista Oliver Erazo afirmó que las recientes declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales en respaldo de Roosevelt Hernández reflejan, a su criterio, la cercanía política entre el exjefe militar y el Partido Libertad y Refundación (Libre). “Lo presenta como un lacayo o una mascota al servicio de una línea partidaria”, afirmó. Recordó, además, que la Constitución establece la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y prohíbe a sus integrantes participar en actividades o pronunciamientos de carácter partidario.
Medidas
En paralelo, la directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Dina Meza, informó que la organización solicitó medidas de protección para los cuatro periodistas incluidos como ofendidos en el requerimiento, con el fin de garantizar su seguridad durante el desarrollo del proceso judicial.
La audiencia de declaración de imputado contra Roosevelt Hernández fue programada para el 7 de agosto. De ser encontrado culpable, podría enfrentar las penas previstas en la legislación hondureña por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público.
