Tegucigalpa, Honduras.- Las gestiones de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Raquel Obando y Rolando Argueta están bajo la lupa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La magistrada Anny Ochoa explicó que las revisiones, aprobadas por el pleno de magistrados, están en desarrollo y que se evalúan varios años de administración judicial, lo que implica varias etapas técnicas antes que el órgano auditor emita conclusiones y las envíe al pleno de magistrados.
Sin embargo, Ochoa detalló que las auditorías abarcan los tres primeros años de gestión de Obando y siete de Argueta —que fungió como titular del órgano judicial entre 2016 y 2023— lo que implica una revisión extensa antes de emitir un informe definitivo.
"Las auditorías no se hacen tan rápido, y tomando en cuenta que se va a hacer la auditoría de los tres primeros años de gestión de la magistrada Raquel Obando y siete del exmagistrado Rolando Argueta, entenderemos que este informe de auditoría va a tomar algún tiempo para que nos puedan dar las conclusiones finales", agregó.
Es decir, una vez concluido el proceso de investigación que incluye una década de proyectos y dos administraciones, el Tribunal Superior de Cuentas deberá entregar el informe al Pleno de Magistrados para que conozca los resultados de las revisiones evaluadas.
Poder absoluto
La espera de las auditorías coincide con las reformas aprobadas por el Congreso Nacional, que dio luz verde al Decreto No. 10-2026, el cual trasladó al Pleno de los 15 magistrados las facultades administrativas que anteriormente ejercía de manera exclusiva la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Con la reforma, decisiones relacionadas con la selección, nombramiento y traslado de personal judicial deberán contar con el respaldo de la mayoría de los magistrados, sustituyendo el esquema que concentraba esas atribuciones en la presidencia del máximo tribunal.
No obstante, antes de la aprobación de los cambios administrativos, el magistrado Milton Jiménez consideró que las auditorías deberían formar parte de un mecanismo permanente de control institucional al concluir cada período de gestión.
"Lo lógico siempre es que, una vez que termina un periodo de gestión, esas auditorías deberían ser constantes y permanentes; hay oficinas de auditoría interna que a veces generan algún tipo de desconfianza, y uno no puede desconocer que eso sucede en la sociedad hondureña, que, por cierto, es una sociedad llena de desconfianza", aseveró el 28 de abril.
El planteamiento del magistrado apunta a que las revisiones se institucionalicen como una práctica de control al finalizar cada administración, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
