La retórica política hondureña se ha caracterizado históricamente por medir el éxito en base a las intenciones y no a los impactos reales en la vida de los ciudadanos.
A cinco meses y días de haber iniciado la gestión del presidente Nasry Asfura, el eslogan de campaña “Vamos a estar bien” corre el riesgo de disolverse en el desencanto popular si no se somete a una rigurosa auditoría de desempeño. Con una desaprobación que alcanza a 7 de cada 10 compatriotas según las mediciones de firmas como Le Vote, el Gobierno no puede seguir operando a ciegas.
La urgencia del país exige pasar de la complacencia discursiva a la implementación inmediata de una segunda etapa en la evaluación por resultados: un sistema técnico de semáforo que audite con frialdad matemática el rendimiento de cada funcionario.
Esta segunda fase de evaluación debe sustentarse en un semáforo técnico de tres niveles donde el color verde represente una gestión óptima con un cumplimiento igual o superior al 85% de las metas; el amarillo active una alerta de desviación entre el 60% y 84%; y el rojo sentencie una alerta crítica por debajo del 60% que obligue a la remoción inmediata del funcionario.
Este mecanismo debe ser el corazón del replanteamiento del Presupuesto General de la República para el próximo año 2027, el cual debe ser rediseñado por completo. Solo sustituyendo las métricas contables tradicionales por indicadores de impacto social se podrá recuperar la confianza de la población en la administración de los fondos públicos.
El primer eje bajo este estricto escrutinio es el de Infraestructura Vial y Empleo Masivo, un área donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), liderada por Aníbal Ehrler, muestra avances físicos pero profundas deudas sociales.
El indicador clave aquí debe ser la Tasa de Generación de Empleo Directo por Millón de Lempiras; para mantener el semáforo en verde, cada proyecto vial comunitario debe garantizar la contratación de al menos 15 trabajadores locales por cada millón invertido. Si la obra se hipertecnifica o concentra los beneficios en grandes contratistas urbanos, el indicador caerá a rojo, demostrando que los kilómetros pavimentados son insuficientes para resolver el hambre y la falta de ingresos de las familias hondureñas.
Ligado a esto, la Secretaría de Finanzas, bajo Emilio Hércules, debe vigilar con lupa el Índice de Ejecución Física versus Financiera. La calificación verde solo se otorgará si el avance de las obras en los municipios coincide con los desembolsos con un margen de desfase menor al 10%. El semáforo caerá a rojo si el presupuesto se reporta como "ejecutado al 100%" en los papeles del Gobierno, pero la infraestructura comunitaria sigue paralizada o en el abandono.
El país no tolera más el viejo truco burocrático de transferir fondos a cuentas congeladas para maquillar la ineficiencia institucional mientras los desempleados esperan una oportunidad en el campo.
El segundo bloque del semáforo debe medir el Alivio Inflacionario y la Calidad del Gasto Social, impactando directamente en el costo de la vida que tanto agobia a la población según los datos del Banco Central de Honduras (BCH).
La gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no puede evaluarse por la cantidad de subsidios otorgados, sino por el Impacto Real de los Subsidios en la Canasta Básica Alimentaria. Si las tarifas energéticas y de combustibles contenidas por el Estado no logran congelar o reducir el precio de los 30 productos esenciales en los mercados populares, el indicador se encenderá en rojo, evidenciando que el dinero público se está esfumando sin proteger el bolsillo de las mayorías. Por su parte, los sectores que el presidente Asfura decidió intervenir personalmente se juegan su legitimidad bajo el Índice de Abastecimiento de Medicinas y Mora Quirúrgica.
En el sistema sanitario, el semáforo solo brillará en verde si se logra reducir de forma trimestral un 25% de la mora quirúrgica y se garantiza un 90% de existencias en las farmacias de los 32 hospitales públicos y de los cuales 15 están en remodelación. Si el desabastecimiento persiste por debajo del 70% y las familias deben seguir comprando sus propios insumos para ser atendidas, la gestión presidencial en el área social estará reprobada con una luz roja que ninguna campaña de relaciones públicas podrá ocultar.
En el ámbito educativo, la gestión de la ministra Ivette Argueta debe someterse a la Tasa de Retención Escolar por Inversión de Textos. El éxito de haber distribuido millones de libros escolares a inicio de año no se consolida con la fotografía de la entrega, sino demostrando de forma estadística que dicha inversión reduce el abandono escolar en las zonas rurales del Corredor Seco.
Un indicador en amarillo o rojo obligará a replantear la logística y la pertinencia pedagógica de los programas educativos para el presupuesto de 2027, asegurando que los recursos fiscales sirvan para educar y no solo para cumplir con metas de adquisición de papel.
La descentralización y la transparencia financiera constituyen el tercer eje del tablero de control técnico. Tras el anuncio presidencial de una inversión de 244 millones de dólares en maquinaria municipal para las 298 alcaldías, se vuelve vital auditar el Uso Efectivo del Fondo de Maquinaria Municipal.
Mediante sistemas de geolocalización obligatorios, el indicador se mantendrá en verde únicamente si el 100% de los tractores y camiones opera en la apertura de caminos productivos y obras de mitigación comunitaria como lo son los rellenos sanitarios y las cosechadoras de agua. Cualquier desvío de estos bienes estatales para el proselitismo político o para el beneficio de haciendas privadas encenderá de inmediato la alerta roja del sistema.
Para blindar el uso de estos recursos frente a las persistentes críticas de opacidad, Finanzas debe aplicar el Índice de Dispersión de Costos en Contrataciones. Esta herramienta automatizada comparará los precios pagados en las licitaciones públicas con los valores reales del mercado mayorista internacional y privado.
Un indicador en verde confirmará que el Estado compra de manera eficiente y transparente, mientras que una desviación superior al 20% encenderá una luz roja que exigirá la intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cerrando las puertas a la corrupción estructural que históricamente drena las arcas de la nación.
Para materializar este control, se propone una agenda de reformas administrativas inmediatas. En primer lugar, decretar la remoción automática de cualquier funcionario que acumule dos trimestres en luz roja. Segundo, habilitar una plataforma pública para que la ciudadanía monitoree en tiempo real el Semáforo de Gestión de cada secretaría.
Tercero, reconfigurar el Presupuesto General 2027 castigando con reducciones financieras a las dependencias ineficientes para premiar a las secretarías con indicadores verdes. Finalmente, convocar a auditorías sociales periódicas en los 298 municipios para validar si las cifras del nivel central coinciden con la realidad productiva local.
Adoptar una postura crítica pero propositiva obliga a reconocer que gobernar con un gabinete reciclado de exfuncionarios municipales y del pasado nacionalista exige el doble de rigor técnico. El presidente Asfura debe comprender que el semáforo de resultados no es un mecanismo de persecución interna, sino su mejor escudo protector contra la ineficiencia que carcome a su propia administración. Si el mandatario aspira a revertir su baja aprobación en los sondeos de opinión, debe ser el primero en aplicar la cirugía mayor dentro de su equipo, demostrando que la lealtad hacia Honduras está por encima de los compromisos partidarios.
El tiempo de las excusas basadas en la inflación global o en el encarecimiento de los derivados del petróleo se está agotando para el nuevo Gobierno. La crisis económica exige precisión científica en el gasto público y un respeto absoluto a las capacidades técnicas de los profesionales que dirigen el Estado, tal como lo ha señalado el economista Julio Raudales.
El replanteamiento presupuestario de 2027 es la última oportunidad para rescatar el lema "Vamos a estar bien" del archivo de las promesas rotas. Solo sometiendo el poder al arbitraje de un semáforo técnico transparente podrá devolver la dignidad a la administración pública y la esperanza a un pueblo que exige resultados tangibles.
(II parte)
