Tegucigalpa, Honduras.- En 1,084 días (a la fecha) que tiene de vigencia el estado de excepción parcial, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), tiene en sus registros la muerte violenta de casi 900 mujeres en el país.
El estar bajo esta medida de seguridad desde el 6 de diciembre de 2022, la que incluye la suspensión de varias garantías constitucionales, no ha surtido efecto para evitar muertes violentas en general, entre ellas, los decesos violentos de féminas.
La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, Aurora Rueda, explicó que "a través de la Defensoría de la Mujer se implementa un sistema de registro de muertes violentas de mujeres mediante la verificación de los medios de comunicación, a diario. En lo que va del año, desde el primero de enero hasta el 31 de octubre, contabilizamos 213 muertes violentas de mujeres".
Esta unidad del Conadeh detalló, que de acuerdo con los datos recabados del monitoreo, los departamentos con mayor incidencia son: Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y Atlántida.
Confirmó que en relación "al estado de excepción, del que ya van tres años de su implementación, no se han reducido los índices violentos.
Para esto, el Conadeh elaboró un informe sobre el estado de excepción con enfoque de género, donde se destacan los casos de agresiones sexuales en el contexto de detención con operativos de seguridad por abuso de autoridad".
Abusos policiales
Derivado de las múltiples denuncias que los ciudadanos agraviados en el marco del estado de excepción parcial han interpuesto en el Conadeh, han surgido hallazgos lamentables, supuestamente cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
"Se nos han reportado casos, que al realizar el allanamiento de la vivienda se llevan a la figura masculina y qué efectivos policiales han abusado sexualmente de las mujeres que ahí se encuentran. Asimismo, que se han tenido pertenencias de las casas", apuntó.
Este organismo de protección de derechos humanos, desde que entró en vigencia esa medida, aprobada mediante un decreto ejecutivo, se ha pronunciado sobre la desnaturalización de la medida y la falta de efectividad para contrarrestar temas estructurales como: la criminalidad organizada y el impacto que tiene sobre las mujeres.
Rueda aseguró que el índice de impunidad en la judicialización de los casos de muertes violentas de mujeres, alcanza el 95% de impunidad, es decir, que sus victimarios no han sido juzgados.
