Rechazo unánime al estado de excepción en elecciones: "Vulnera derechos"
Gobierno de Honduras prorrogó 45 días más el estado de excepción sin agotar los pasos legales correspondientes, lo que cubrirá el desarrollo de las elecciones. Especialistas cuestionan la decisión, ya que restringe libertades como el derecho a reunirse
- Actualizado: 12 de noviembre de 2025 a las 14:06
Tegucigalpa, Honduras.- Honduras acudirá a elecciones en un ambiente donde derechos como la libertad de asociación, de reunión y de expresión, así como la inviolabilidad del domicilio, se encuentran restringidos, debido a una nueva prórroga del estado de excepción que entrará en vigencia este miércoles. Será la primera vez que el país celebre comicios bajo un período sin plenas garantías constitucionales.
Analistas y expertos recordaron que durante un estado de excepción la población en general tiene restricciones legales y las autoridades cuentan con mayores facultades para limitar la libre circulación de las personas. Pese a ello, el llamado es ir a votar y documentar cualquier situación irregular.
El estado de excepción en Honduras se transformó de una medida temporal en una situación permanente. Fue aprobado por el Poder Ejecutivo inicialmente el 6 de diciembre de 2022, a raíz de un estallido de denuncias por extorsión. Desde entonces, se han aprobado 26 decretos más para ampliar su duración, en su mayoría sin ser ratificados por el Congreso Nacional.
"El estado de excepción parcial, que vence hoy a las 18 horas (6:00 de la tarde), ya fue analizado y extendido una vez más en el Consejo de Ministros realizado ayer (martes) y estaremos entrando hoy a una nueva extensión por 45 días más", expresó Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, al noticiero Hoy Mismo.
El ministro de Seguridad sostuvo en recientes declaraciones a medios que el estado de excepción “es la única herramienta jurídica que el Estado hondureño le ha brindado a la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público como medida extraordinaria para brindar seguridad y paz a la población”.
Manifestó que han realizado 1.7 millones de operaciones desde que está vigente el estado de excepción parcial, lo que representa 1,600 operaciones por día. “Hemos cumplido la ley. Algunos funcionarios se han apartado del cumplimiento de la ley y somos muy responsables de la aplicación en el estado de excepción”.
Añadió que se trata de una medida parcial, porque solo se aplica en la comisión de cinco delitos relacionados con el crimen organizado, por lo que se dirige a estructuras criminales. Igualmente, en todos los casos debe haber un expediente investigativo previo autorizado por el Ministerio Público (MP), que debe convalidar las acciones.
“Este estado de excepción parcial nos ha permitido, a casi cuatro años de haber iniciado este gobierno, una reducción del 50 por ciento en la tasa de homicidios, la incautación de más del 80 por ciento de las armas de fuego que han sido retiradas de las calles, así como el decomiso de varias toneladas de cocaína y la erradicación de arbustos de hoja de coca”, detalló.
Demasiados riesgos
Sin embargo, analistas consultados por EL HERALDO Plus cuestionaron la efectividad del instrumento, que suele aplicarse en situaciones temporales y de emergencia.
El razonamiento es simple: la mayoría de detenciones realizadas por la Policía bajo el estado de excepción no terminan en requerimientos fiscales. En contraste, una mínima cantidad concluye con sentencia condenatoria al final del proceso judicial.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), explicó que las implicaciones del estado de excepción se traducen en "riesgos que pueden ocurrir en el marco del proceso mismo, y esto particularmente alrededor de la libertad de reunión, pero también del ejercicio del derecho mismo a movilizarse, que pudiera ser obstaculizado justo por la aplicación de medidas de excepción".
"Quizás el problema más grande que podemos tener es que la Policía o las Fuerzas Armadas, en el uso de este decreto, pueda impedir el acceso de ciertas personas o grupos a los centros electorales, pero es esencialmente especulativo, en tanto no hay y no ha habido hasta la fecha acciones que muestren esa tendencia", expuso.
No obstante, "siempre es preferible que el ejercicio electoral se desarrolle sin ningún tipo de restricciones presuntas o reales, y en ese sentido, lo correspondiente en este caso sería que se levantara esta suspensión de garantías, que deje de aplicarse y que podamos asistir al proceso electoral sin ningún problema".
En todo caso, Acevedo explicó que "el mensaje más relevante que se le puede enviar a la ciudadanía que va a ejercer su derecho a elegir es que acuda a los centros de votación, que acuda a las urnas, que no deje que otras personas decidan por ellos".
"Ante cualquier evento que signifique una restricción o una limitación al ejercicio de ese derecho a elegir, entonces que presente la denuncia que corresponde", indicó el director del Ciprodeh, quien amplió que "habrá muchas organizaciones de sociedad civil, pero también mucha observación internacional".
Desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) son enfáticos al indicar que el estado de excepción no es una medida ideal durante un período electoral ni para combatir el crimen organizado.
En ese sentido, desde el organismo se pide "que se deje de ampliar el estado de excepción y se adopte una política pública de seguridad nacional con un enfoque de derechos humanos que garantice el respeto de la población", explicó Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh.
Para Martínez, "el estado de excepción se ha prolongado en el tiempo, por lo cual se ha desnaturalizado la naturaleza de la medida", en referencia a que se han realizado al menos 25 extensiones, un gran número sin la ratificación del Congreso Nacional.
Asimismo, no se sostiene la narrativa de resultados efectivos brindados por la Policía, pues "no son congruentes o no tienen la misma relevancia frente a las graves afectaciones a los derechos humanos que desde el Comisionado Nacional se han logrado sistematizar".
Martínez se refiere a las 1,060 quejas en torno al marco del estado de excepción recibidas en el Conadeh, "en las cuales se han vulnerado graves derechos de la población hondureña".
Prueba de la preocupación por la medida es que en Ginebra, Suiza, durante el Examen Periódico Universal (EPU), Honduras fue cuestionada por el estado de excepción, la presión electoral y los ataques contra la prensa. El Conadeh pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendar al país terminar con la suspensión de garantías.
Por su parte, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del estado de excepción el pasado 5 de febrero, pero este proceso no avanza porque Casa Presidencial no ha respondido a la solicitud que hizo la Sala Constitucional para conocer los antecedentes de todos los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. Esta semana, los magistrados reiteraron la solicitud y dieron un plazo de cinco días hábiles para contestar.
Sin miedo a votar
Nelson Castañeda, director de Seguridad de la ASJ, recordó que la suspensión de garantías constitucionales también brinda a los órganos de seguridad un poder discrecional en el uso de la fuerza.
"Es altamente peligroso darle mayor poder a las fuerzas del orden público en un proceso electoral donde se están viendo en la mesa muchos elementos de instrumentalización de las instituciones del gobierno para el tema de quedarse en el poder", alertó.
Aunque Sánchez y las autoridades de turno restan importancia al estado de excepción debido a que en las elecciones primarias no hubo ningún incidentes pese a estar vigente, Castañeda recordó que "el 9 de marzo fueron elecciones primarias, donde lo único que se desarrolla es una selección interna en cada partido político, pero lo que se viene el 30 de noviembre es una elección ya tal, donde los índices de conflictividad están por las nubes".
Sin embargo, los analistas aclararon que esta medida no debe desincentivar el voto. En su lugar, "la población tiene que abocarse (a votar), a pesar de que seguimos bajo el estado de excepción, a plasmar su derecho constitucional de elegir, poder tener esa representación democrática", opinó el oficial jurídico del Conadeh.
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