Tegucigalpa, Honduras-. El estado de excepción será un peligro durante y después de las elecciones primarias, ya que no solo limitará la movilización de la ciudadanía y de los observadores nacionales e internacionales, sino que también dejaría abierta las puertas al abuso de la Policía y de las Fuerzas Armadas, advierten diversos sectores de la sociedad.
Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), afirmó que la suspensión de las garantías constitucionales en el estado de excepción se ha prorrogado en varias ocasiones a través de decretos, algunos sin contar con el cumplimiento de los requisitos constitucionales, incluyendo el reciente PCM10-2025 que extiende su vigencia hasta el 5 de abril del presente año.
Izaguirre advirtió que de cara a las elecciones primarias el próximo 9 de marzo, el Estado no solo debe garantizar los mecanismos para los comicios, sino que también debe evitar adoptar decisiones que puedan limitar los derechos políticos de la ciudadanía, así como la transparencia.
Recordó que, aunque el estado de excepción se aprobó para combatir el crimen, el Conadeh, el Ministerio Público y organizaciones civiles han demostrado que algunos agentes del orden lo han utilizado para actuar al margen de la ley.
Ante esto, recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que actúe de manera oficiosa y verifique si el nuevo PCM 10-2025 ha cumplido con los requisitos y procedimientos constitucionales.
Igualmente, sugirió al Congreso Nacional realizar un control efectivo de estos decretos. El estado de excepción entró en vigencia el 6 de diciembre del año 2022 y se ha venido extendiendo con la finalidad de apoyar a las autoridades en la lucha contra la delincuencia, la extorsión y el crimen.
No obstante, esta disposición, lejos de reducir el alto índice delictivo, ha llevado a que los agentes policiales abusen de su autoridad. Es tal que desde la suspensión de las garantías constitucionales a la fecha, el Conadeh ha recibido más de 700 denuncias contra agentes del orden.
A raíz de ello, el Ministerio Público ha emitido varios requerimientos fiscales contra miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) por delitos como allanamiento, robo con violencia e intimidación, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir, falso testimonio, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, entre otros.
Para el Conadeh es una preocupación continua la prolongación del estado de excepción porque permite violentar los derechos humanos de las personas, como ha quedado evidenciado en diferentes quejas atendidas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Actualmente, esta medida —aplicada bajo el argumento de reducir la violencia— se implementa en 226 (el 76%) municipios de los 18 departamentos del país.
El ente de derechos humanos recordó que el próximo 9 de marzo se celebrarán las elecciones primarias, por lo que el Estado debe centrar sus esfuerzos en poner a disposición los mecanismos y herramientas necesarias para los comicios, si no también, en no adoptar decisiones que puedan suponer un entorpecimiento o limitación a los derechos políticos de las y los ciudadanos.
“Si bien, el decreto de suspensión de garantía está encaminado a combatir el crimen, no es menos cierto que el mismo ha sido un instrumento utilizado por algunos agentes del orden para actuar al margen de la ley considerando los requerimientos fiscales girados por el Ministerio Público”, dijo también el Conadeh en un comunicado.

Peligrosa ilegalidad
De acuerdo con el abogado Nelson Castañeda, director del proyecto Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el estado de excepción es ilegal, porque no se está respetando lo que establece el artículo 187 de la Constitución.
Según el experto, el decreto dice que “si en Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo dicta la medida de estado de excepción, debe ser el Congreso Nacional que lo ratifique y establecer el tiempo, los mecanismos y la publicidad sobre ese tema. Y eso no se ha cumplido”.
“De 19 decretos que se han mencionado sobre la ampliación de la suspensión de garantías, apenas uno ha sido ratificado en tiempo y forma. Eso es preocupante. La ley establece incluso que hay una responsabilidad compartida tanto por legislativo como por el Ejecutivo”, condenó.
“El Congreso, por permitir que el Ejecutivo socialice una medida que ellos no han ratificado, se vuelve cómplice del deterioro del Estado de derecho; se vuelve cómplice de esta violación a la Constitución, porque sabe cuál es su rol y lo están omitiendo”, explicó Castañeda.
Para el experto, se ha violentado en gran medida el Estado de derecho y no se está cumpliendo con lo que establece el artículo 4 de la Constitución, donde se habla de la división de los poderes.
Por otro lado, continuó, el Ejecutivo está cometiendo un abuso de poder porque no puede hablar de que hay una medida activa si sabe que el Congreso no la ha ratificado.
Sugirió revisar las restricciones en un periodo de elecciones porque “básicamente el nuevo PCM sobre el estado de excepción cubre las internas, es altamente preocupante”.
Detalló que las restricciones aplican a derechos y garantías, porque si el engranaje del sistema de seguridad y justicia tiene esa facultad de detener a cualquier persona sin ninguna justificación, allanar una vivienda a cualquier hora sin una orden judicial, detener una persona y que no pueda tener el derecho ni siquiera de prestar caución, eso debe alertar a toda la población.
“Entonces, ante eso, lo que se está violentando es el espacio cívico, se está deteriorando y afectando la democracia, porque la están condicionando ante una medida como esta, que es una medida excepcional, que ya lleva dos años y dos meses. La están tornando en algo habitual y eso es aún más peligroso todavía”, analizó Castañeda.
Recordó que por eso existe el debido proceso y la Constitución contempla derechos y garantías, para que el gobierno, a través del derecho penal subjetivo, no genere esas violaciones en contra de la sociedad.
“Por eso hay un derecho penal objetivo, que es el que le permite al pueblo hondureño tener una defensa, tener una protección ante el sistema de justicia, por cualquier irregularidad, por cualquier acto inequívoco, o el uso indebido del poder”, dijo.
Cuestionó que no existe intención de las autoridades de detener la aplicación de esta medida, pues “se están aferrando a ella bajo una estrategia que todavía desconocemos el fin, porque resultados no ha habido”.
Castañeda pidió reconsiderar mantener el estado de excepción durante el proceso electoral, o que, por lo menos, no surta efecto tres días antes y tres días después de las elecciones para evitar cualquier violación a la democracia y al Estado de derecho.
El profesional del derecho rememoró que con la suspensión de garantías se atenta contra la libre asociación, la libre locomoción, entonces las autoridades, de manera ilegal, puede detener a personas que estén realizando el escrutinio, el conteo de los votos, los que hacen los traslados de actas y hasta los que retornan los materiales electorales.
Asimismo, mostró su temor de que influya en la democracia y fiscalización del proceso porque “pueden decirle a la gente: si usted ya votó, vaya y encierre a su casa y con ello evitarían que haya observadores nacionales e internacionales en cada mesa. No estamos afirmando en ningún momento que eso va a ocurrir, pero las condiciones están dadas. Recuerde de que Honduras es un país donde todo es posible”, dijo.
Sugirió al gobierno mostrar humildad y reconocer que se ha equivocado con esta medida, al verla como un modelo de seguridad, porque la gente sabe que se registran cambios sustanciales y que la violencia no ha disminuido.
“Todo aquel que siga impulsando este estado de excepción, al final será parte de esta responsabilidad por todo daño que se genere en contra de la democracia, el Estado de derecho y la paz de la ciudadanía, y en este caso, de este proceso”, señaló Castañeda.

Control social
De la misma manera, el abogado Lester Ramírez duda que el gobierno acceda a quitar el estado de excepción para el proceso electoral, pues lo están haciendo como una manera de control social.
Para él, es posible que haya grupos interesados en crear caos el día de las elecciones y así que se tengan argumentos de la implementación de la restrictiva medida. “Dentro de un ambiente político muy inestable, hay muchas aristas o variables que se pueden dar”, presagió Ramírez
“Los riesgos que trae la medida estarán ahí latentes el próximo domingo 9 de marzo, personas que quieran observar el proceso de conteo de votos, los ciudadanos que por la noche quieran presentar una denuncia electoral. Existe el riesgo de que esta herramienta sea utilizada para obstruir o suprimir las elecciones”, advirtió el abogado.