Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) lamentó que a más de seis meses de haber interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra el estado de excepción parcial -instaurado por el gobierno desde diciembre de 2022- todavía no se haya resuelto.
El miércoles 28 de mayo de 2025, la ASJ fue notificada, a personeros de su departamento de Seguridad y Justicia, que el recurso incoado había sido admitido para trámite por la Sala Constitucional.
El 26 de junio la Sala Constitucional notificó a la presidenta Xiomara Castro y al Consejo de Ministros, que ese recurso había sido admitido por parte de la Sala, pidiendo una respuesta sobre el sustento o argumentación del decreto PCM-29-2022, que dio vida al estado de excepción parcial, como lo manda el procedimiento de la Sala Constitucional.
El plazo que dio esa judicatura del Poder Judicial (PJ) era de cinco días hábiles, es decir, la respuesta debió de conocerla la Sala a más tardar el 3 de julio de 2025, pero esto no ocurrió así.
Nelson Castañeda, director de la Unidad de Seguridad y Justicia de la ASJ, criticó que "estamos ya en agosto y no hay respuesta por parte de Casa Presidencial, a esta solicitud efectuada por parte de la Sala de lo Constitucional".
Se preguntó: ¿a qué estamos jugando? O sea, si de verdad este es un decreto o si esta es una medida legal, como lo han manifestado en los medios de comunicación, las instancias que promueven el estado de excepción, ¿por qué no dan respuesta entonces a la Sala de lo Constitucional?".
Procedimiento
La norma jurídica establece que al presentar el recurso de inconstitucionalidad, y si éste fue admitido a trámite, la Sala Constitucional está en la obligación de pedir un informe a la autoridad que emitió la norma o decreto impugnado.
La Sala así lo hizo el 26 de junio, al solicitar a la presidencia de la República, se pronunciase para seguir con el curso correcto de la demanda incoada por la ASJ. Ha pasado más de un mes del plazo establecido y no se ha dado.
Al regresar a la Sala Constitucional, el equipo técnico de letrados hará el estudio del escrito, para luego elaborar un proyecto que será presentado a un magistrado ponente, elegido con antelación para conocer esa causa, para finalmente ser discutido en pleno por los magistrados de la Sala Constitucional.
Nada de eso ha podido llevarse a cabo, al no haber una respuesta de la presidenta de la República y del Consejo de Ministros.
No hay interés
El recurso fue interpuesto por la ASJ el 6 de febrero de 2025, creyendo firmemente que de estar vigente, esto podría afectar el normal desarrollo de las elecciones generales, el 30 de noviembre próximo.
"Si fuese legal, el mismo día o al día siguiente ya hubiese habido una respuesta a los magistrados de la Sala Constitucional para darle continuidad a este proceso y determinar si es legal o es ilegal, pero estamos en agosto y no hay respuesta", recalcó Castañeda.
El representante de la ASJ adujo que la vigencia de ese decreto está generando violaciones de derechos humanos, que instancias internacionales nos están evaluando como un país altamente vulnerable ante la situación de los derechos humanos, que hay violaciones y arbitrariedades que se dan más bajo el entorno de un estado de excepción.
