Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras amplió nuevamente el estado de excepción por 45 días más en todo el territorio nacional, siendo esta la vigésimo segunda ocasión desde la primera vez que se decretó esta medida en 2022.
La ampliación del estado de excepción, bajo el decreto ejecutivo PCM-22-2025, comprende a partir del 3 de julio hasta el 16 de agosto de 2025. El país se ha mantenido por 941 días en estado de excepción desde que se decretó por primera vez el 6 de diciembre de 2022 hasta este viernes -4 de julio.
Esta medida surge a raíz de la creciente ola de violencia, derivando en la suspensión de garantías constitucionales como la libertad personal; libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos, con el fin de combatir la criminalidad.
No obstante, el estado de excepción ha sido criticado por violaciones de derechos humanos que han sufrido ciudadanos por parte de las autoridades.
De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), desde que entro en vigor el estado de excepción se han recibido más de 800 denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió al gobierno de Xiomara Castro terminar con el estado de excepción, ya que junto al Conadeh han documentado acciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control jurisdiccional y otras más.
Además de las denuncias a violaciones de derechos humanos, se ha criticado que en solo una de las 22 extensiones al estado de excepción se siguió el procedimiento legal, las demás se implementaron sin ser ratificadas, modificadas o improbadas por el Congreso Nacional, según el inciso 4 del artículo 187 de la Constitución de la República.
Por esta situación, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de excepción, el cual ya fue admitido por la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial.
De igual forma, ASJ ha cuestionado la efectividad de esta medida del gobierno hondureño, considerando que muchos ciudadanos siguen siendo víctimas de extorsión y de otros delitos.
Por su parte, el Conadeh ha contabilizado que desde el 6 de diciembre de 2022 hasta junio de 2025, al menos 380 personas han muerto de forma violenta en 90 masacres.
