Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) se pronunció este viernes 30 de enero tras la denuncia pública realizada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sobre un presunto rastreo ilegal de información de su hija a través del Registro Nacional de las Personas (RNP).
"La exposición, difusión o utilización de información personal, familiar o sensible de niñas y niños, así como su involucramiento en conflictos de carácter público, mediático o político, genera daño directo a su bienestar integral afectando su proceso de desarrollo emocional, psicológico y daño social", señala el comunicado.
La institución aseguró que los menores no cuentan con "las herramientas para defenderse del escrutinio público", por lo tanto, este tipo de actos los coloca en una situación de vulnerabilidad.
El pronunciamiento surgió luego de que López denunciará públicamente que perfiles afines al partido Libertad y Refundación (Libre) hicieron públicos datos relacionados con el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, y su familia.
López cuestionó el uso de los sistemas estatales para indagar información de menores de edad que no tienen ningún cargo público.
“Los sistemas del RNP son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas?”, expresó la consejera, al advertir que se trata de dos menores cuya información personal habría sido consultada sin justificación legal.
En su mensaje, López aseguró que acudirá a la Fiscalía de la Niñez y a otras instancias correspondientes para que se investigue el caso y se deduzcan responsabilidades. “No descansaré hasta que se nos haga justicia”, afirmó.
Ante esta situación, el Senaf reiteró su compromiso con la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, y recordó que la exposición, búsqueda o uso indebido de datos personales de menores constituye una vulneración grave que debe ser investigada por las autoridades competentes.
La institución hizo un llamado a respetar la privacidad y la dignidad de los niños y niñas, y subrayó la obligación del Estado y de la ciudadanía de garantizar su seguridad, especialmente en entornos digitales y administrativos.
El caso se mantiene en el ámbito público, mientras se espera que las instancias correspondientes determinen si existió un acceso ilegal a información protegida y quiénes serían los responsables.
