Tegucigalpa, Honduras.- Luego de conocer en pleno el recurso de amparo interpuesto por el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz, contra el decreto ejecutivo PCM- 37-2025, que da vigencia el estado excepción parcial, tres de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunciaron a favor de su admisión.
Sin embargo, los restantes dos magistrados de la Sala Constitucional desistieron de pronunciarse en la sesión plenaria, sobre la solicitud del recurrente, de suspender temporalmente el decreto ejecutivo PCM- 37-2025, que da vigencia el estado excepción parcial.
"Durante la sesión del pleno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, no hay una resolución definitiva acerca de este recurso de amparo, ya que dos de sus magistrados han solicitado estudiar más a fondo el recurso de amparo que fue presentado en las últimas horas por el abogado Gustavo Solórzano contra el decreto antes referido", confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Aunque hace algunas horas trascendió que la Sala Constitucional había admitido el recurso de amparo interpuesto, el vocero explicó que aún no hay una resolución concreta.
Los magistrados que pidieron más tiempo para analizar el amparo fueron Zonia Marlina Dubón, de afinidad política a Libre y el liberal Warner Vallecillo.
El sustento del amparo
Solórzano sustentó el amparo en que la prórroga del estado de excepción restringe los derechos constitucionales de la población hondureña y que este no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 187 de la Constitución de la República.
El también presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, establece en su petición que hay violación al derecho de locomoción, violación a la libre asociación y al domicilio.
"Por lo tanto, ya que los dos magistrados de la Sala de lo Constitucional han solicitado tiempo para estudiarlo, posteriormente deberá ocurrir otra reunión del pleno para dar la resolución definitiva sobre ese recurso de amparo que tres de los magistrados sí están a favor de que se admita el mismo", puntualizó Carlos Silva.
Al menos dos recursos más se han incoado en la Sala Constitucional contra la vigencia del decreto que da vida al estado de excepción; los recurrentes arguyen un potencial peligro de que esté vigente durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
El estado de excepción entró en vigencia el de diciembre del año 2022, en el primer año de administración de la presidenta Xiomara Castro. En ese momento se argumentó que el motivo era para combatir la extorsión y delitos conexos, situación que ha sido criticada por varios sectores de la sociedad.
La extensión 25 se dio recientemente y ésta ha sido criticada en el ámbito nacional e internacional.
