Tegucigalpa, Honduras.- La organización Defensores de Honduras emitió este lunes un fuerte comunicado en el que rechaza la prolongación del estado de excepción, las acciones contra organismos electorales y la intimidación a periodistas, al considerar que estas prácticas “socavan las bases de la democracia y generan zozobra en la población”. El colectivo aseguró que el país se encuentra bajo un régimen “ilegal y peligroso”, utilizado para gobernar al margen de la Constitución.
Según el pronunciamiento, tras casi tres años de vigencia continua, el estado de excepción se ha convertido en un mecanismo “abusivo e inconstitucional”, debido a que las prórrogas aprobadas únicamente por el Poder Ejecutivo violan el artículo 187, que exige la ratificación del Congreso Nacional.
Además, Defensores de Honduras señaló que la medida ha permitido restricciones de libertades, uso indebido de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y un aumento de detenciones arbitrarias, sin lograr reducir delitos como la extorsión.
A trece días de las elecciones generales, advirtió que este ambiente de miedo “compromete la capacidad ciudadana de organizarse, vigilar y defender el voto”, por lo que exigieron al Congreso la suspensión inmediata de la medida.
La organización también denunció el “ataque politizado” de la Fiscalía contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a quienes el Ministerio Público acusó por prevaricato.
Asimismo, el colectivo condenó la intimidación contra el presidente del Grupo OPSA, Jorge Canahuati, y otros directores y periodistas que han sido señalados desde el gobierno.
Defensores de Honduras afirmó que estas agresiones representan un ataque frontal a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada. “El ataque irracional a los comunicadores es un ataque a la verdad y a las libertades fundamentales”, concluye el documento.
Comunicado íntegro Defensores de Honduras
Comunicado N°24
Defensores de Honduras rechaza firmemente las acciones que, al prolongar el Estado de Excepción, atacar la justicia electoral e intimidar a la prensa, están socavando las bases de la democracia en Honduras, provocando zozobra en la población.
El Estado de Excepción se ha convertido en una herramienta ilegal y peligrosa, instrumentalizada para gobernar por excepción y no por La Constitución.
Violación Legal: Tras casi tres años, las prórrogas unilaterales del Poder Ejecutivo violan el Art. 187, que exige la ratificación del Congreso. Esto lo hace un mecanismo permanente, abusivo e inconstitucional.
Abuso de Poder: Se restringen libertades básicas y se dan funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas, apartándolas de su rol constitucional.
Impacto Negativo: En lugar de combatir el crimen de forma efectiva, ha provocado un aumento de detenciones arbitrarias, restricciones a la organización y movilización política, sin haber logrado eliminar la extorsión y delitos contra la vida. Es necesario precisar que el Estado de Excepción está vigente en 226 municipios de los 298 del país.
Riesgo Democrático: Su extensión justo a trece días del proceso electoral crea un ambiente de miedo y pone en precario la capacidad ciudadana de organizarse, vigilar y defender el voto. Esto hace que la elección, aunque formal, sea cuestionable.
Defensores de Honduras, en nombre de la ciudadanía, en el marco de los convenios internacionales y las leyes nacionales, solicita al Congreso Nacional la SUSPENSIÓN INMEDIATA del ilegal Estado de Excepción. Consideramos inaceptable que se mantenga este régimen de control autoritario que atenta directamente contra la voluntad y soberanía del pueblo.
Ataque cínico de la Fiscalía contra el Tribunal de Justicia Electoral Defensores de Honduras denuncia el ataque directo y politizado de la Fiscalía contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), considerado otro asalto a la independencia de dos organismos electorales.
Violación Procesal: El Fiscal ignoró gravemente el procedimiento legal (Arts. 414–417) del Código Procesal Penal (CPP) que solo le permitía pedir a la Corte Suprema decidir si admitía el caso. En su lugar, acusó directamente, violando el fuero especial del TJE.
Criminalización Indebida: La acusación por prevaricato carece de base. La decisión de los magistrados fue tomada para evitar la parálisis institucional en materia electoral, no para cometer un delito y aun con la denegación de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General insiste en presentar un nuevo requerimiento.
Presión Política: La existencia de vínculos de parentesco entre la Presidenta de la Corte y la Presidenta del Ejecutivo agrava la situación, haciendo que cualquier acción penal sea una maniobra de presión política y no de justicia. Este accionar no es un error jurídico, sino una interferencia indebida que busca intimidar solo a dos de tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y comprometer la integridad del proceso democrático.
Intimidación a los medios de comunicación
Rechazamos enérgicamente los ataques e intimidación por parte del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas General Roosevelt Hernández contra Don Jorge Canahuati, Presidente del grupo OPSA, de la Asociación de los Medios de comunicación y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); también apoyamos a los Directores de medios, periodistas y comunicadores señalados y perseguidos por el actual gobierno.
En Defensores de Honduras consideramos una agresión directa a la Libertad de prensa y al derecho fundamental del pueblo a estar informado, cuando deslegitiman profesionales cuyo papel es garantizar la libre emisión del pensamiento y la difusión de información. El ataque irracional a los comunicadores es un ataque a la verdad y a las libertades fundamentales de Honduras.
