Tegucigalpa, Honduras.— El gobierno de la República, en Consejo de Ministros, permitió una extensión más del estado de excepción parcial que permanece vigente desde el 6 de diciembre de 2022; esta acción ha sido duramente criticada por diversos sectores de la sociedad.
La principal preocupación de los entrevistados, quienes representan a un extracto de la sociedad, es quizás lo que consideran millones de hondureños, en relación con la coyuntura del estado de excepción con las elecciones generales el 30 de noviembre, y lo que pudiera ocurrir en detrimento de la democracia.
Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos en el país, sobre esa circunstancia política, es del criterio que "no hay que ver solo este estado de excepción que ha sido prolongado. Han volado a aprobarlo ya publicarlo en La Gaceta; eso es sintomático de qué cosas turbias nos esperan".
Fustigó que la medida del estado de excepción, implantado desde hace casi tres años, "es ilegal. Lo hemos venido reiteradamente, que un estado de excepción, sólo en casos excepcionales, pueden durar 45 días, y tenemos casi tres años en lo mismo y ha sido utilizado, no para combatir lo que dijeron que iban a combatir, sino, que se está utilizando para manipular las expresiones y la protesta social y la libertad de expresión".
Punto de vista jurídico
Desde el punto de vista jurídico explica que el estado de excepción limita a la ciudadanía de ciertas garantías establecidas en la Constitución de la República.
"Las garantías que se suspenden, según el artículo 187 constitucional, son las garantías de libre locomoción, de libre reunión y aun aquella garantía que tiene que ver con el artículo 99, que habla de la inviolabilidad del domicilio", instruyÓ Germán Licona, abogado versado en derecho penal.
Pero todas esas facultades que el estado de excepción parcial le da a los cuerpos de seguridad del Estado, sólo pueden ser ejercidas cuando el Congreso Nacional (CN) ratifique el estado de excepción parcial que es aprobado por el Poder Ejecutivo, mediante el Consejo de Ministros, detalló el profesional del derecho.
Esta trasgresión legal, al saltarse la aprobación del pleno de diputados del Congreso Nacional, "y si hacen detecciones o aplican la regulación el artículo 187 constitucional, va en contra de los mismos funcionarios que hagan ese accionar, en virtud de que no están suspendidas las garantías y se estarían cometiendo violaciones flagrantes a los derechos humanos de la población", señaló Licona.
Desde la academia
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), reconoció que existen riesgos tangibles con el hecho de que esté vigente un estado de excepción parcial durante las elecciones.
"La limitación de los derechos son esos derechos a la libre circulación, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, que son derechos necesarios inherentes en una democracia", arguyó Odir Fernández.
El también doctor en derecho penal, evidenció que "perfectamente al sector periodístico, a los comunicadores sociales, se les puede decir: en el marco de un estado de excepción, usted no puede dar cobertura a esto, a la ciudadanía que salga masivamente, se le puede decir: a partir de este momento su movilidad ambulatoria queda limitada, por lo tanto, usted no puede salir. Ese no salir nos limita el ejercicio del sufragio".
El catedrático agregó: "Llama poderosamente la atención que el decreto este PCM 37-2025 abarca a 226 municipios. Es interesante saber la carga electoral de esos 226 municipios, que en cualquier momento podría decirse: no salen.
Hoy nosotros estamos frente a un estado de excepción de geometría fija, porque 226 municipios están siendo limitados directamente en esa libertad de ambulatoria, libertad de expresión, libertad de locomoción y eventualmente el ejercicio del derecho al sufragio", apuntó.
Llamado a improbarlo
El estado de excepción fue aprobado el 6 de diciembre de 2022 y de las 24 prórrogas, solo dos de ellas fueron aprobadas por el pleno de parlamentarios, las demás han sido autorizadas en Consejo de Ministros, sin pasar por el tamiz del Poder Legislativo.
"Nosotros en el Congreso debemos de tomar una decisión respecto al estado de excepción. No es posible que el mundo, a través de la ONU, ya le dijo a Honduras que el estado de excepción es inapropiado. Así que tenemos que hacer lo que corresponda y exhorto a las bancadas del Partido Nacional, del Partido Liberal y del PSH, para que tomemos una decisión a la brevedad", manifestó la diputada liberal, Maribel Espinoza.
Sin precisar la fecha en que realizarían una nueva autoconvocatoria de los congresistas de oposición al oficialismo, Espinoza llamó a sus colegas diputados a tomar una decisión rápida sobre el estado de excepción, para improbar la extensión autorizada por el Consejo de Ministros y publicada en el diario oficial La Gaceta.
Desde la empresa privada, la ampliación del polémico estado de excepción, con un proceso electoral a las puertas, no es vista con buenos ojos.
Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo que es "lo interesante aquí es que estamos esperando que el presidente del Congreso Nacional convoque al Congreso Nacional para que conozca del presente decreto, lo ratifique, lo modifique o lo impruebe, según lo que establece la Constitución de la República".
El ampliar esta medida restrictiva y de seguridad, indicó Urtecho, no solo es una decisión únicamente y unilateral de la Presidencia de la República, pero "lamentablemente la Constitución de la República todos la utilizan para algunas cosas y se les olvida que el Congreso se reúne en sesiones extraordinarias", fustigó.
El estado de excepción fue extendido hasta las 6:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025.
