Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó el desempeño del Ministerio Público en el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández y sostuvo que la justicia hondureña "no recuperó la confianza".
Castellanos señaló que el regreso de JOH a Honduras representaba una prueba para las instituciones encargadas de impartir justicia, luego de que el exmandatario retornara al país para enfrentar el proceso relacionado con el caso Pandora II.
“Dijimos que el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández sería un examen para la justicia hondureña. Hoy ya conocemos el resultado”, expresó Castellanos.
Cuestionamientos
La funcionaria destacó la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero señaló directamente al Ministerio Público por no haber tenido disponible a Fernando Suárez, a quien identificó como una pieza relevante dentro de la investigación.
Castellanos recordó que Suárez había sido condenado en el caso Pandora I y que anteriormente; proporcionó información que podía resultar de interés para la investigación contra Hernández, por lo que cuestionó que no pudiera comparecer cuando era requerido.
“¿Qué más tenía que decir? ¿Qué información podía aportar al proceso? Y sobre todo, ¿por qué no pudimos escucharlo?”, preguntó.
A su criterio, el Ministerio Público debe explicar las circunstancias que impidieron contar con ese testimonio, ya que presentar un requerimiento fiscal no resulta suficiente si posteriormente la institución no dispone de los elementos necesarios para respaldar su acusación durante el proceso.
"Sería irresponsable decir que este proceso deja fortalecida la confianza en nuestras instituciones. Al contrario, vuelve a dejarnos frente a la misma pregunta que el país lleva años haciéndose: ¿Puede realmente nuestro aparato judicial sostener un caso de corrupción cuando el imputado pertenece a la clase política?", sentenció la titular del CNA.
Las declaraciones se producen después de que un juez dictara el sobreseimiento definitivo a favor de Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, donde era acusado por los delitos de lavado de activos y fraude.
