Tegucigalpa, Honduras.- Una estrategia integral de seguridad que permita combatir las finanzas del crimen organizado y no se limite únicamente a las capturas y al endurecimiento de las penas, demandó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.
La especialista señaló que la seguridad ciudadana constituye una de las principales demandas de la población hondureña y una obligación del Estado, que debe responder ante problemas como la extorsión, las amenazas de las estructuras criminales y el control territorial que ejercen diferentes grupos delictivos en las comunidades.
En ese sentido, Ayestas consideró que las reformas en materia de seguridad deben analizarse desde una perspectiva amplia, debido a que las detenciones y el incremento de las penas, por sí solos, no resuelven las causas de la criminalidad ni permiten desarticular completamente las organizaciones delictivas.
Por ello, sostuvo que las autoridades deben fortalecer las investigaciones, la persecución penal y los mecanismos de coordinación entre las instituciones, además de garantizar que los procesos judiciales estén respaldados por pruebas.
Un panorama alarmante
Ayestas indicó que, de acuerdo a datos proporcionados por las autoridades, en Honduras operan más de 150 estructuras criminales, entre maras, pandillas, bandas delictivas y carteles del narcotráfico.
Ante este escenario y tras las recientes reformas penales, explicó que las acciones de seguridad deben dirigirse también contra las economías ilícitas que sostienen a estas organizaciones, entre ellas el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos.
Asimismo, señaló que estas actividades generan redes financieras y logísticas que pueden facilitar la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y distintos sectores de la economía, por lo que consideró indispensable incorporar la persecución financiera y los controles sobre los recursos económicos de las estructuras criminales.
Respeto a los DD HH
Finalmente, Ayestas advirtió que el combate a la criminalidad debe desarrollarse con respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos, a fin de evitar que personas inocentes sean privadas de libertad mediante detenciones arbitrarias.
En ese contexto, que Honduras necesita una política de seguridad que combine la persecución de las estructuras criminales, la prevención, el fortalecimiento institucional y la investigación financiera, sin dejar de lado el respeto a la dignidad humana.
