Tegucigalpa, Honduras.- Ya se tiene todo casi finiquitado para el inicio del proceso de construcción de un nuevo centro de máxima seguridad proyectado para enero del próximo año, consolidando la ejecución física del cerco legal y operativo desplegado contra las estructuras criminales declaradas como terroristas.
La obra penitenciaria representa el escalón de mayor contención tras la aprobación de los cuatro paquetes de reformas penales, que incluyeron severas modificaciones al Código Penal, la Ley del Sistema Penitenciario, el endurecimiento de penas bajo la Ley Anti-terrorista y la creación de la Fuerza Élite Penitenciaria.
Con la articulación de estas medidas, las autoridades buscan cerrar el ciclo de impunidad, asegurando que los cabecillas de maras y pandillas catalogados como terroristas queden bajo un régimen de aislamiento estricto e infranqueable.
Las autoridades penitenciarias y de seguridad mantienen en evaluación tres ubicaciones estratégicas para definir el emplazamiento definitivo del recinto, que proyecta albergar de forma inicial a más de 5,000 privados de libertad.
Entre las opciones destaca el sector de La Acequia en Naco, donde existe una estructura inconclusa con una inversión previa estimada en 500 millones de lempiras, la cual atraviesa por estudios de resistencia física y rediseño arquitectónico.
"El Instituto Nacional Penitenciario ya tiene su planificación, ya tiene las rutas a seguir tanto presupuestariamente como en la evaluación de los terrenos donde se pueda construir la cárcel con el objetivo de iniciar en enero", explicó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
El congresista añadió que, de forma paralela a la opción de Naco, los equipos técnicos examinan terrenos alternativos en los departamentos de Yoro y Colón para seleccionar el sitio que reúna las mejores condiciones de aislamiento y capacidad de expansión futurista.
"Se menciona más La Acequia porque ya hay una construcción ahí, pero están evaluando terrenos en Yoro y Colón", precisó Paz.
La edificación del complejo penal se completará en un plazo proyectado de 8 a 12 meses a partir del inicio de las obras en enero, contando con un esquema de financiamiento estructurado con recursos 100% nacionales.
Para definir el flujo presupuestario, la Secretaría de Finanzas sostuvo jornadas de trabajo con los titulares del Instituto Nacional Penitenciario, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad, logrando un avance del 90% en la ruta financiera.
