¿Puede Juan Orlando Hernández volver a enfrentar la justicia de Estados Unidos? Esto explican los expertos

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Podría el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández enfrentar un nuevo juicio en Estados Unidos? La duda resurgió en redes sociales luego de que los demócratas obtuvieron la mayoría en el Senado en las elecciones de medio término.

Los usuarios han difundido publicaciones sobre un eventual regreso del exmandatario a enfrentar la justicia estadounidense, tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y beneficiado, tres años más tarde, con un indulto otorgado por Donald Trump.

Pero ¿puede Estados Unidos volver a procesarlo por los mismos delitos? ¿El indulto eliminó los antecedentes del juicio? ¿Existe la posibilidad de una nueva extradición?

EL HERALDO consultó a expertos en materia constitucional y penal, además de revisar los antecedentes judiciales del caso, para explicar qué implicaciones tiene el perdón presidencial y cuáles son los escenarios legales que enfrenta el exmandatario.

Todo comienza el 14 de febrero de 2022, cuando la cancillería hondureña informó que Hernández enfrentaría un proceso judicial luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitiera una solicitud de extradición contra el político hondureño, cuya identidad no había sido revelada inicialmente.

Un día después, el 15 de febrero de 2022, Hernández anunció, mediante sus abogados y sus redes sociales, que se presentaría voluntariamente ante las autoridades para responder a las acusaciones. Posteriormente, agentes policiales lo esposaron de manos y pies y lo trasladaron al Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

El 26 de junio de 2024, un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, lo condenó a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. En marzo de ese mismo año, un jurado lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer armas de fuego y dispositivos destructivos, entre ellos ametralladoras.

El exmandatario permaneció recluido en la prisión federal USP Hazelton hasta el 1 de diciembre de 2025, cuando recuperó su libertad tras recibir un indulto presidencial. En total, estuvo privado de libertad durante 1,385 días, equivalentes a tres años, nueve meses y 16 días.

El 28 de noviembre de 2025, días antes de las elecciones generales en Honduras, el presidente estadounidense Donald Trump anunció mediante su plataforma Truth Social que concedería el indulto a Hernández.

Ocho meses después de recibir el indulto, el 26 de julio de 2026, Hernández regresó a Honduras. A su retorno también enfrentó señalamientos relacionados con el caso Pandora II, proceso en el que obtuvo un sobreseimiento definitivo, al igual que el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Para comprender las implicaciones del indulto es necesario revisar la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que dejó sin efecto la sentencia condenatoria contra Hernández y remitió el expediente al tribunal de distrito con instrucciones de desestimar el caso.

Tras el indulto presidencial, la Corte de Apelaciones ordenó anular la condena contra el exmandatario y devolver el expediente al juez Kevin Castel. En cumplimiento de esa resolución, el magistrado dejó sin efecto la sentencia y cerró el proceso judicial.

El documento, difundido por el propio Hernández, establece que la Corte aceptó la solicitud de su defensa, dio por terminada la apelación por considerarla moot (sin objeto), dejó sin efecto (vacate) el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso al juez correspondiente para su desestimación.

Sin embargo, esta resolución no significa que el juicio nunca haya existido ni que los antecedentes del proceso penal hayan desaparecido del sistema judicial estadounidense.

Consultado a los expertos sobre las consecuencias jurídicas de esta decisión, explican que el indulto presidencial dejó sin efecto la condena contra Hernández y motivó que la Corte de Apelaciones ordenara cerrar el proceso.

Además añaden que la decisión responde a precedentes del sistema judicial estadounidense, según los cuales un indulto presidencial hace innecesario continuar con una apelación. Por esa razón, la condena dejó de tener efectos legales y el caso fue cerrado.

El cierre del proceso judicial contra Juan Orlando Hernández no supone necesariamente que el exmandatario quede exento de enfrentar futuras investigaciones en Estados Unidos.

Un informe del Congressional Research Service (CRS), organismo de investigación del Congreso estadounidense, examina el alcance del indulto concedido por Donald Trump y sus consecuencias jurídicas. El documento no establece una prohibición permanente para que Hernández pueda enfrentar acusaciones por hechos diferentes a los que motivaron su condena.

Sobre este escenario, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, explicó en declaraciones a Radio Cadena Voces (RCV) que el indulto impide reabrir el mismo caso por el que una persona recibió el perdón presidencial.

Sin embargo, el exfuncionario estadounidense señaló que las autoridades podrían presentar nuevas acusaciones si encuentran pruebas de otros hechos delictivos, conspiraciones o conductas que no formaron parte del proceso anterior.

Por otra parte, el abogado penalista Félix Ávila considera que el caso contra Hernández no puede reabrirse, debido a que quedó archivado tras la resolución judicial y el indulto presidencial.

Al consultarle si el exmandatario podría enfrentar procesos por otros delitos, Ávila respondió a EL HERALDO que sí, al igual que cualquier otra persona.

Un antecedente que permite ilustrar este escenario es el del empresario estadounidense Eliyahu Weinstein, quien recibió una medida de clemencia de Donald Trump y posteriormente volvió a enfrentar cargos federales por un esquema de fraude diferente al que originó su condena anterior.

Aunque las circunstancias de Weinstein y Hernández no son equivalentes, el caso demuestra que un indulto presidencial no constituye una inmunidad general frente a futuras investigaciones ni impide que las autoridades procesen nuevos delitos cuando existen elementos probatorios que los respalden.